Una nueva polarización se vive en el Perú a raíz de la muerte del dictador Alberto Fujimori, quien ejecutó una autocracia durante los años 1990 al 2010 e intentó reelegirse fraudulentamente una tercera vez pero tuvo que huir del país cuando se reveló un megaescándalo de corrupción.
El régimen autoritario de Dina Boluarte ha decretado tres días de luto nacional y el Congreso le rinde homenajes póstumos. Ambas acciones tienen un masivo rechazo de la población, pues el rechazo al Fujimori, sus hijos y el movimiento fujimorista es bastante alto. En 2018, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada por el diario La República, revelaba que el ‘antifujimorismo’ alcanzaba el 54 de peruanos. Las derrotas electorales del fujimorismo podrían ser evidencia de que estas cifras se manienen o han crecido en los últimos años. El Congreso, con mayoría fujimorista y de sus aliados de la derecha extrema, no alcanza ni el 10% de aprobación actualmente.
Pero hay más, el cuerpo de Alberto Fujimori será velado en el Museo de la Nación, que pertenece al Ministerio de Cultura, lugar donde se ha hecho dignificado este momento para personajes destacados del país. Fujimori, ha muerto en libertad por un indulto concedido de manera irregular desacatando una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hasta eso cumplía una condena de 25 años por los crímenes de La Cantuta (nueve estudiantes y un profesor universtario) y Barrios Altos (una masacre debido a una incursión de grupo paramilitar en un inmueble), dos masacres consideradas delito de lesa humanidad.
Tenía una sentencia pendiente por la masacre de Pativilca, caso que involucra asesinato a comuneros por parte de un comando paramilitar creado por Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos, y estaba en espera la confirmación de la corte chilena para ampliar el cuadernillo de extradición que hubiera abierto nuevos juicios para Fujimori en los casos de esterilizaciones forzadas a miles de mujeres campesinas, quechuahablantes y en extrema pobreza, además de asesinatos extrajudiciales en la toma de la embajada de Japón y otros tres presuntos crímenes.
“Es crucial como país no olvidar las demandas de justicia de las víctimas del régimen de Fujimori. Aún hay 21 mil desaparecidos y familias que viven un duelo permanente. Un país sin memoria no puede avanzar”, ha dicho Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú.
La excongresista Rocío Silva Santisteban escribió en su cuenta de X que “la muertede Fujimori no resarce a las víctimas de sus crímenes, pero los funerales de estadista que le va a dar este gobierno abyecto, sí las ofenden. Es intolerable. Indigna”.
Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes universitarios asesinado y desaparecido en la universidad La Cantura durante la dictadura fujimorista, y exministra de Cultura, escribió: “Muere Fujimori, condenado por violacines a los derechos humanos y corrupción y un gobierno asesino como el de los 90 le rinde homenaje. Mensajes oficiales de pesar, cuando para sus crímenes hay impunidad. Queda tu memoria, mi hermano, y todo el amor por el que seguimos luchando”.
En tanto, la propia mandataria Dina Boluarte participa del velorio del condenado por violaciones a los derechos humanos, es una escena que políticamente se cuestiona como parte del legado de Alberto Fujimori. Dina Boluarte no solo llegó a la Presidencia con votos del fujimorismo, sino que se cuestiona su vena autoritaria, además de estar investigada por la muerte de 50 ciudadanos durante las protestas contra su régimen entre diciembre de 2022 y enero de 2023.