El 16 de enero de 2025, Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y antiguo abogado del expresidente Donald Trump, llegó a un acuerdo legal con las ex trabajadoras electorales de Georgia, Ruby Freeman y Wandrea «Shaye» Moss, en relación con una sentencia de difamación de 148 millones de dólares en su contra.
Este acuerdo permite a Giuliani conservar sus propiedades, incluyendo su condominio en Palm Beach, Florida, y su apartamento en Manhattan. Además, se comprometió a abstenerse de realizar futuras declaraciones difamatorias contra Freeman y Moss.
Freeman y Moss habían demandado a Giuliani después de que este las acusara falsamente de manipulación electoral durante las elecciones presidenciales de 2020, lo que resultó en amenazas y acoso hacia ellas. En diciembre de 2023, un jurado federal determinó que Giuliani era responsable de difamación y le ordenó pagar 148 millones de dólares en daños.
El acuerdo alcanzado evita un juicio civil que estaba programado para determinar si las propiedades de Giuliani podrían ser embargadas para cumplir con la sentencia. Aunque los términos financieros específicos del acuerdo no fueron divulgados, ambas partes expresaron su deseo de seguir adelante sin admitir responsabilidad alguna.
Este caso subraya las consecuencias legales de difundir información falsa y destaca la importancia de la responsabilidad en las declaraciones públicas, especialmente cuando afectan la integridad de los procesos electorales y la seguridad de los trabajadores involucrados.