Gobierno de Saskatchewan presenta proyecto de ley sobre pronombres escolares e invoca la cláusula de no obstante

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El gobierno de Saskatchewan presentó el lunes un proyecto de ley que permitiría a los padres elegir el pronombre con el que se refieren a sus hijos en las escuelas, e invocó la cláusula de no obstante para evitar posibles desafíos constitucionales.

El proyecto de ley 229, llamado Ley de Respeto a la Diversidad Estudiantil, modificaría la Ley de Educación para establecer que los padres tienen el derecho a determinar el género y la identidad sexual de sus hijos, así como el derecho a ser informados y consultar sobre cualquier asunto relacionado con la educación sexual o la diversidad de género.

El proyecto de ley también establece que los maestros y el personal escolar deben usar el pronombre elegido por los padres para referirse a los estudiantes, y que no pueden alentar o promover conductas o creencias contrarias a las preferencias de los padres.

El ministro de Educación, Dustin Duncan, dijo que el proyecto de ley tiene como objetivo proteger los derechos de los padres y garantizar que las escuelas sean espacios seguros e inclusivos para todos los estudiantes.

Sin embargo, el proyecto de ley ha sido criticado por grupos defensores de los derechos humanos y de la comunidad LGBTQ+, que lo consideran una violación de la dignidad y la autonomía de los estudiantes transgénero y no binarios.

La Federación Canadiense de Estudiantes dijo que el proyecto de ley es una forma de discriminación y violencia contra los estudiantes que no se identifican con el género asignado al nacer, y que podría tener graves consecuencias para su salud mental y bienestar.

La Comisión de Derechos Humanos de Saskatchewan también expresó su preocupación por el proyecto de ley, y dijo que podría contravenir la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que prohíbe la discriminación por motivos de identidad o expresión de género.

Para evitar posibles impugnaciones legales, el gobierno invocó la cláusula de no obstante, que le permite anular ciertos derechos y libertades garantizados por la Carta durante un período de cinco años.

Duncan dijo que la cláusula es necesaria para preservar el equilibrio entre los derechos individuales y colectivos, y que el gobierno está dispuesto a defender su posición ante los tribunales si es necesario.


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