El gobierno federal y los abogados de las Primeras Naciones han llegado a un acuerdo sobre los honorarios legales en el caso de la discriminación en el sistema de bienestar infantil indígena. El acuerdo, que aún debe ser aprobado por el Tribunal Federal, establece que el gobierno pagará 55 millones de dólares canadienses a los abogados que representan a unas 20.000 familias indígenas afectadas por el fallo judicial de 2016.
En ese fallo, el Tribunal de Derechos Humanos de Canadá determinó que el gobierno había discriminado a los niños de las Primeras Naciones al proporcionarles menos fondos y servicios que a los niños no indígenas. El tribunal ordenó al gobierno que compensara a cada niño y a sus cuidadores con 40.000 dólares canadienses por los daños sufridos. Sin embargo, el gobierno apeló la orden y solicitó una revisión judicial, lo que provocó una fuerte reacción de los líderes y defensores de las Primeras Naciones.
El acuerdo sobre los honorarios legales es parte de un proceso de negociación más amplio entre el gobierno y las partes afectadas para resolver el caso de forma justa y duradera. El ministro de Servicios Indígenas, Marc Miller, dijo que el acuerdo es un paso importante para avanzar en la reconciliación y el respeto de los derechos de los niños de las Primeras Naciones. Por su parte, el jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, Perry Bellegarde, calificó el acuerdo de histórico y elogió el trabajo de los abogados que lucharon por la justicia.