THE LATIN VOX (4 de septiembre del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Grecia ha dado un giro radical en su política migratoria con la aprobación de una controvertida ley que permite encarcelar de dos a cinco años a los solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas y que no abandonen el país en un plazo de 14 días.
La legislación también contempla multas de hasta 10,000 euros, pulseras electrónicas y restricciones adicionales a la regularización de migrantes que llevan años viviendo en el país.
La medida, calificada por defensores de los derechos humanos como “abiertamente racista” y “contraria al derecho internacional”, marca un nuevo punto de inflexión en la estrategia del gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis para frenar la migración irregular.
Grecia, históricamente uno de los principales puntos de entrada a Europa, ha registrado este año un repunte notable en las llegadas, especialmente desde Libia hacia las islas de Creta y Gavdos.
“El mensaje es claro: si tu solicitud de asilo es rechazada, tienes dos opciones: o regresas a tu país o vas a la cárcel. El Estado griego no te acepta. No eres bienvenido”, declaró el ministro de Migración, Thanos Plevris, antes de la votación parlamentaria.
Asilo negado, castigo inmediato
La nueva legislación endurece todos los frentes del sistema migratorio:
- 14 días para abandonar el país tras la denegación del asilo.
- Prisión de 2 a 5 años si no se cumple el plazo.
- Detención administrativa de hasta 24 meses para quienes lleguen sin papeles (antes era de 18).
- Migrantes sin regularizar con más de 7 años en el país ya no podrán legalizar su situación.
- Multa de 10,000 euros por entrada ilegal.
Estas medidas se suman a la suspensión de 90 días de nuevas solicitudes de asilo, anunciada en julio por Mitsotakis como mensaje disuasorio a las redes de tráfico humano. La decisión fue duramente criticada por organizaciones internacionales, que la calificaron de “grave violación del derecho internacional humanitario”.
Reacciones: De la indignación judicial a la estrategia política
La aprobación de la ley desató una ola de reacciones inmediatas tanto dentro como fuera del país. Por primera vez en años, asociaciones de jueces griegos emitieron una declaración pública en contra de una política migratoria, señalando que “el énfasis en la represión vulnera principios fundamentales del Estado de derecho”.
Incluso dentro del propio gobierno hubo señales de disenso. Dimitris Kairidis, exministro de Migración que renunció en 2024, subrayó que aunque la disuasión es importante, Grecia también necesita migración legal para sostener su economía.
“El país no puede permitirse cerrar todas las puertas”, dijo Kairidis. “Legalicé a 30.000 trabajadores migrantes durante mi gestión porque el sector agrícola, turístico y de la construcción no puede funcionar sin ellos.”
Demografía en caída libre, economía necesitada de manos
El contraste entre las nuevas leyes y la realidad socioeconómica griega es alarmante. Grecia enfrenta una de las crisis demográficas más severas de Europa: la semana pasada, el Ministerio de Educación anunció el cierre de más de 750 escuelas por falta de alumnos.
“La ley no solo es racista, es absurda”, denunció Lefteris Papagiannakis, director del Consejo Griego para los Refugiados. “En un país con la población envejecida y una economía que depende del trabajo migrante, perseguir a quienes podrían ser parte de la solución es un acto de sabotaje.”
Un giro hacia la extrema derecha
Para muchos observadores, esta ley representa un intento de Mitsotakis por consolidar su base política y coquetear con el electorado de ultraderecha.
Aunque ha mantenido hasta ahora una imagen de centroderecha moderada ante la UE, su gobierno ha sido reiteradamente acusado de “empujar ilegalmente” a migrantes en la frontera, algo que siempre ha negado.
“El primer ministro ha logrado mantener el centro político. Pero con esta ley, se alinea claramente con los sectores más radicales para ampliar su respaldo electoral”, opinó Papagiannakis.
¿Y ahora qué?
Con esta legislación, Grecia se convierte en el primer país de la Unión Europea en establecer penas de cárcel tan severas para solicitantes de asilo rechazados, sentando un precedente preocupante en materia de derechos humanos.
Bruselas, hasta el momento, ha guardado silencio, pero los próximos días podrían traer llamados de atención desde otras capitales europeas y organizaciones internacionales. Mientras tanto, miles de migrantes en situación irregular en Grecia enfrentan un futuro cada vez más incierto.
Entre la necesidad económica, la presión social y el cálculo político, Grecia ha optado por el castigo. Pero a un coste que podría comprometer no solo su imagen, sino también su futuro.
Crédito fotográfico: Darnews.com