THE LATIN VOX (1 de septiembre del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
En un momento crítico para la política migratoria entre Estados Unidos y Centroamérica, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que su país está dispuesto a recibir hasta 150 niños no acompañados deportados semanalmente desde territorio estadounidense.
Esta declaración llega apenas un día después de que un juez federal de EE.UU. suspendiera la deportación de 10 menores guatemaltecos que ya se encontraban a bordo de un avión.
La decisión judicial, emitida por la jueza del distrito Sparkle Sooknanan, congela temporalmente las deportaciones por 14 días mientras se analiza el caso, el cual podría afectar a cientos de menores guatemaltecos bajo custodia estadounidense.
Los abogados de los menores, cuyas edades oscilan entre los 10 y 17 años, argumentaron que el retorno a Guatemala representaría una «clara violación» de las protecciones legales que el Congreso estadounidense ha establecido para niños en situación de vulnerabilidad.
Según informes, muchos de estos menores ingresaron a Estados Unidos sin acompañamiento adulto, frecuentemente con la intención de reunirse con familiares ya residentes en el país. La ley estadounidense les otorga protecciones especiales mientras se tramitan sus solicitudes de asilo o de otro tipo de estatus migratorio.
“Estamos en coordinación con las autoridades estadounidenses para la recepción de los menores”, explicó el presidente Arévalo durante una rueda de prensa. Sin embargo, también señaló que “la decisión de enviarlos, el número y el ritmo, es competencia del gobierno estadounidense, y como pueden ver, actualmente existe una disputa legal en curso”.
Este debate ocurre en un contexto político complejo, marcado por el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. en enero, con una agenda migratoria endurecida que incluye la promesa de aumentar significativamente las deportaciones. Sin embargo, varias de sus iniciativas han sido cuestionadas por los tribunales, que han señalado posibles violaciones al debido proceso constitucional.
En Guatemala, el anuncio del presidente Arévalo ha sido recibido con reacciones mixtas. Mientras algunos sectores aplauden la disposición del gobierno a atender una crisis humanitaria con sensibilidad y pragmatismo, otros critican la falta de preparación estructural para acoger a tantos menores que regresan a un país donde ya enfrentaban situaciones de pobreza, violencia o abandono.
Los expertos en derechos humanos advierten que la repatriación de niños sin un plan sólido de reintegración podría exponerlos nuevamente a los mismos peligros que motivaron su salida. “El retorno solo es viable si se garantiza la seguridad, educación, salud y apoyo psicosocial que estos niños necesitan”, señaló una representante de una organización internacional de protección infantil.
Mientras tanto, los próximos días serán clave para determinar si la suspensión de deportaciones se extiende y cómo evoluciona el enfrentamiento legal en Estados Unidos. En el centro del debate, permanecen los rostros de cientos de niños cuyas vidas se encuentran suspendidas entre dos naciones, en un limbo legal, político y profundamente humano.
Crédito fotográfico: SANDRA SEBASTIAN | Credit: REUTERS