THE LATIN VOX (27 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Un grupo que representa a los inquilinos de tierras públicas en Quebec alzó la voz en rechazo al plan del gobierno provincial de incrementar significativamente las tarifas de alquiler, calificando la propuesta como “inaceptable e indefendible”.
Estas tierras públicas, mayormente ubicadas en zonas boscosas y cercanas a lagos o ríos, son arrendadas a ciudadanos que las utilizan para acampar, instalar campamentos de caza o construir cabañas de descanso.
Según el proyecto presentado por el Ministerio de Recursos Naturales y Forestales, la renta mínima para quienes poseen lotes de recreo subiría un 46%, pasando de 343 a 500 dólares anuales.
Para los que cuentan con refugios rústicos, el incremento sería aún mayor, un 52%, elevando la tarifa de 198 a 300 dólares al año. Estos nuevos precios, publicados en la Gazette Officielle de Québec, entrarían en vigor en enero próximo.
El Regroupement des locataires des terres publiques du Québec, que agrupa a unos 26,000 miembros afectados, expresó su profunda preocupación. “Entendemos que debe haber un aumento, pero ¿por qué tanto?”, cuestionó Bertrand Grenier, administrador de la asociación y arrendatario desde 1981 de un lote cercano a Chibougamau.
Desde el Ministerio se argumenta que las tarifas no se revisaban desde hace 15 años y que la actualización es justa para reflejar el “valor real de las tierras”. Sin embargo, Grenier señala que los incrementos han sido constantes durante los últimos años; él mismo ha visto su renta subir de 263 dólares en 2010 a 577 dólares en 2024.
Aunque su cuota específica no se incrementaría al mismo ritmo debido a que ya paga por encima de la tarifa mínima, Grenier habla en nombre de quienes sí sufrirán los fuertes ajustes. “La renta del terreno es una cosa, pero además pagamos impuestos municipales y, créalo o no, también impuestos escolares”, añadió.
El alto interés en estas tierras permite al gobierno fijar precios elevados: en 2021, más de 28,000 personas solicitaron acceso a apenas 189 lotes disponibles, los cuales se asignan mediante un sistema de lotería.
La asociación aspira a presionar para que el gobierno acepte su propuesta de repartir los incrementos en un periodo de cinco años, evitando así un golpe económico repentino para los arrendatarios. En respuesta, el ministerio aseguró que “los proyectos de reglamentos están en consulta y estamos escuchando a todas las partes interesadas”.
Este conflicto refleja la tensión entre la necesidad de ajustar precios para reflejar el valor actual de las tierras y la realidad económica de quienes, muchas veces por tradición o recreación familiar, han dependido de estos espacios públicos durante décadas. El debate continúa abierto mientras se acerca la fecha límite para la aplicación de los nuevos aumentos.
Crédito fotográfico: The New York Times