El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, calificando su presencia como una «invasión». Esta ley otorga al presidente amplios poderes en tiempos de guerra para expulsar a no ciudadanos sin necesidad de audiencias judiciales.
Sin embargo, el juez federal James Boasberg emitió una orden de restricción temporal de 14 días, argumentando que la ley se refiere a actos hostiles por parte de naciones en guerra, no a cuestiones de inmigración no militar. A pesar de esta orden, la administración Trump deportó a cientos de inmigrantes a El Salvador y Honduras, alegando que los vuelos ya habían despegado antes de la emisión de la orden judicial.
La decisión de Trump ha generado controversia. Críticos, incluyendo grupos de derechos civiles y algunos demócratas, denuncian el uso de tales poderes en tiempos de paz para fines de inmigración. Por otro lado, la fiscal general Pam Bondi criticó la decisión del juez, alegando que pone en peligro la seguridad pública.
La administración Trump había designado previamente al Tren de Aragua como una organización terrorista global. Desafíos legales han surgido, incluyendo uno que bloqueó con éxito la deportación de cinco venezolanos mientras se procesan sus solicitudes de asilo. Este caso destaca las tensiones en curso sobre las políticas de inmigración y el alcance legal de los poderes presidenciales.
El juez Boasberg ha programado una audiencia para revisar el caso más a fondo, ofreciendo una pausa temporal en las deportaciones durante 14 días.