THE LATIN VOX (24 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La creciente demanda de oro y la falta de apoyo estatal han empujado a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana a tomar el control de sus territorios, enfrentándose a la minería ilegal que destruye su medio ambiente y envenena sus ríos.
En este contexto, los Wampis, una nación indígena en el norte de Perú, se han organizado para proteger sus tierras, empleando métodos propios de justicia para hacer frente a los invasores, que van desde controles de seguridad hasta castigos físicos.
René Amuan Santiago Tí, líder de los guardianes indígenas conocidos como Charip, recuerda vívidamente cómo, armados solo con lanzas de madera, él y sus compañeros desarmaron a un grupo de policías que acompañaban una barcaza cargada de maquinaria de minería ilegal.
Este acto de resistencia, aunque arriesgado, no fue aislado. Los Charip, que patrullan la región del río Santiago en la frontera amazónica entre Perú y Ecuador, han llevado a cabo una serie de intervenciones para detener la minería ilegal que ha invadido su territorio, que se extiende por unos 13,000 km² de selva tropical.
El incidente de abril de 2024, en el que tres policías fueron detenidos por su implicación con los mineros ilegales, reveló la corrupción y el alcance de las redes criminales que operan en la región.
Aunque el gobierno peruano tardó en responder, los Wampis exigieron una comisión de alto nivel para abordar el problema.
Sin embargo, fue el propio pueblo Wampis el que se encargó de la vigilancia territorial, imponiendo controles en los ríos y utilizando medidas de «justicia indígena» para aquellos capturados por minería ilegal.
Autogobierno y justicia indígena
Los Wampis son un caso único en Perú. En 2017, crearon su propio gobierno territorial autónomo, basándose en leyes internacionales que reconocen el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Su territorio, en los ríos Santiago y Morona, es uno de los pocos en Perú que ha sido protegido por un gobierno indígena que promueve la autosuficiencia y la defensa de sus recursos naturales.
La minería de oro con dragas está prohibida en su territorio, y el gobierno Wampis ha dejado claro que cualquier equipo encontrado será confiscado y destruido.
El grupo de Charip, que patrulla día y noche, enfrenta un desafío constante: aunque su valentía y organización son admirables, carecen de los recursos necesarios para enfrentarse a las poderosas bandas criminales que se benefician de la minería ilegal.
«Bienvenidos aquellos que vienen en paz, pero no permitimos que destruyan nuestra selva», afirma Santiago Tí. Para garantizar la seguridad de sus ríos y bosques, los Wampis realizan inspecciones rigurosas de las embarcaciones que cruzan sus aguas, buscando equipos de minería o suministros como bombas de agua y tubos plásticos.
Justicia y castigos tradicionales
Los mineros que son atrapados por primera vez suelen ser liberados con una advertencia, pero los reincidentes enfrentan castigos severos.
La «justicia indígena» de los Wampis incluye el uso de la ishanga, una planta urticante amazónica que provoca dolorosas picaduras, y el tangarana, un árbol con una relación simbiótica con hormigas de fuego que atacan a cualquier intruso.
Aunque estas prácticas se basan en métodos tradicionales, algunos de los mineros detenidos han denunciado amenazas en aplicaciones de mensajería instantánea tras recibir estos castigos.
A pesar de la determinación de los Wampis de proteger su territorio, la situación es compleja.
Los líderes de la nación, como Alfonso Awananch Flores, director de medio ambiente y control territorial, han sido amenazados e incluso secuestrados brevemente. «Sin territorio, no somos el pueblo Wampis», dice Flores, quien destaca que la defensa de su tierra es esencial para su identidad y supervivencia.
Sin embargo, los líderes reconocen que la falta de recursos y de apoyo estatal hace que la situación sea insostenible a largo plazo.
El dilema de las comunidades divididas
En algunas comunidades Wampis, la minería ilegal ha creado divisiones. Algunas aldeas han llegado a un acuerdo con los mineros, permitiendo que trabajen en sus riberas a cambio de un porcentaje de los beneficios.
Esta relación, aunque pragmática, refleja la difícil realidad de los pueblos indígenas que, al no recibir apoyo estatal, se ven obligados a depender de los recursos generados por la minería para satisfacer sus necesidades básicas.
Juan Carlos Tuchia, un defensor de los mineros en una de las aldeas, argumenta que la comunidad no tiene otra opción que trabajar con los mineros, ya que el estado ha abandonado a los pueblos indígenas.
«Sabemos que es ilegal, pero lo hacemos por necesidad», dice Tuchia, quien destaca que los beneficios de la minería se destinan a proyectos comunitarios, como la construcción de clínicas de salud y plantas de filtración de agua.
Un llamado a la acción
La minería ilegal en la región amazónica está llevando a los pueblos indígenas a enfrentarse a una amenaza existencial.
Organizaciones como Amazon Watch advierten que las economías criminales están ganando terreno en la Amazonía, lo que pone en peligro no solo a las comunidades locales, sino también al clima global.
Raphael Hoetmer, director del programa para la Amazonía occidental, señala que la expansión de la minería está ligada al aumento de la violencia contra los líderes indígenas, quienes se enfrentan a amenazas y asesinatos por parte de las redes criminales.
A pesar de los retos, los Wampis siguen luchando por su autonomía y por preservar su rica biodiversidad. Alfonso Awananch Flores concluye con una declaración rotunda: «Queremos vivir en armonía dentro de nuestro territorio, sin la codicia de los forasteros. Somos ricos en naturaleza. Los verdaderos pobres son los que no pueden vivir sin dinero».
Crédito fotográfico: J Balzani Lööv