La disputa entre Meta (anteriormente Facebook) y el gobierno canadiense ha escalado, con el gigante tecnológico bloqueando las noticias en el país. Aunque se esperaba que la Ley de Noticias en Línea, similar a la legislación australiana, persuadiera a Google y Facebook a negociar acuerdos de licencia con medios de comunicación, Google anunció que se verá obligado a eliminar las noticias canadienses una vez que la ley entre en vigor. A diferencia de Australia, donde se lograron acuerdos voluntarios, en Canadá el gobierno optó por un enfoque más agresivo, lo que ha llevado a la confrontación. A pesar de más de 100 reuniones entre Google y el gobierno canadiense, el diálogo fue insuficiente.
El sector de los medios de comunicación canadienses presentó una queja a la Oficina de Competencia, acusando a Meta de bloquear contenido de noticias y no cumplir con la Ley de Noticias en Línea. La queja es vista por algunos como poco realista, ya que bloquear el contenido en realidad es una elección de Meta para cumplir con la ley. El Ministro de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, respaldó la queja en Twitter, lo que generó preocupaciones sobre la independencia de la Oficina de Competencia. Esto agrega más controversia a un conflicto que ilustra la lucha entre los gigantes tecnológicos y los medios tradicionales, y cuestiona la regulación y el poder de las instituciones gubernamentales.
La Oficina de Competencia, que anteriormente ha sido criticada por su inacción en casos de concentración de propiedad de medios, enfrenta ahora la tarea de abordar la queja presentada por el sector de medios. El conflicto entre Meta y el gobierno canadiense pone en tela de juicio la capacidad del gobierno para regular las actividades de las grandes empresas tecnológicas y cómo esto afecta la industria de los medios. Además, el respaldo del Ministro a la queja de los medios ha planteado interrogantes sobre la independencia de las instituciones reguladoras y ha generado críticas de algunos observadores por su posible influencia política en decisiones judiciales.