La ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, ha sido el centro de atención tras su intento de justificar el aumento del impuesto a las ganancias de capital, que se anunció en abril y entrará en vigor el 25 de junio. Este aumento en la tasa de inclusión de ingresos por el impuesto ha sido criticado por parecer un intento desesperado de mejorar la precaria situación fiscal del gobierno federal.
El incremento impositivo se está manejando en un proyecto de ley separado del presupuesto, y el anuncio original no incluyó los detalles necesarios para legislar y comenzar a recaudar el dinero. Los detalles se revelaron recientemente, dejando a inversores y burócratas solo dos semanas para reaccionar. La nueva tasa de inclusión se aplicará a cualquier cosa que tenga el carácter hipotético de una “ganancia de capital” sin excepciones.
La rápida implementación de la subida garantiza que obligará a los inversores a deshacerse de activos rápidamente para aprovechar la tasa más baja existente, creando un beneficio único que se reflejará en el presupuesto liberal del próximo año. El Instituto C.D. Howe ha estimado que este beneficio inicial asciende a unos 7 mil millones de dólares, una suma que supera el valor presente de los ingresos adicionales en años futuros.
Este movimiento ha generado preocupaciones sobre el impacto en la inversión extranjera y doméstica, la productividad laboral y la reputación fiscal de Canadá. Mientras tanto, Freeland ha defendido el aumento como una cuestión de justicia técnica, aunque ha sido percibido por algunos como una guerra de clases en un disfraz de equidad fiscal.