THE LATIN VOX (3 de septiembre de 2025). Por Daniela Medina.
En una decisión de alto impacto, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito falló en contra del uso de la Alien Enemies Act de 1798 por parte de la administración Trump, al resolver que no cabe invocar esta ley centenaria como mecanismo expreso para deportar rápidamente a venezolanos sospechosos de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.
El fallo, en mayoría 2-1, concedió una orden judicial preliminar que detiene ese tipo de deportaciones al considerar que no existió una “invasión o incursión predatoria” que justifique la aplicación de la ley.
1. La Ley de Enemigos Extranjeros: Un vestigio de guerra usado en tiempos de paz
La Alien Enemies Act, parte de las leyes de 1798, fue concebida para permitir al presidente detener y deportar ciudadanos de naciones con las que EE.UU. esté en guerra. Había sido activada únicamente durante conflictos militares reales: la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Trump invocó esta ley en marzo, declarando que la pandilla Tren de Aragua, según él, realizaba una “guerra irregular” contra EE.UU. y debía ser deportada bajo esa autoridad.
2. El fallo: Límites constitucionales y legales
La Corte, compuesta por jueces Leslie Southwick e Irma Carrillo Ramírez, no validó que la presencia de la pandilla entrara en la categoría de amenaza bélica o invasión, requisitos esenciales para aplicar esta ley. Su decisión subraya que la entrada irregular de migrantes o actividad delictiva no equivale a una agresión militar.
El juez Andrew Oldham presentó un voto disidente, argumentando que la mayoría invadía la competencia presidencial en asuntos de seguridad nacional.
La decisión bloquea deportaciones en Texas, Louisiana y Mississippi, y coincide con la valoración de cortes inferiores y la propia Suprema Corte, que había sostenido que quienes sean deportados deben recibir aviso previo y oportunidad de presentar habeas corpus.
3. El camino legal: Desde los tribunales inferiores hasta la Corte Suprema
Desde marzo, el caso fue objeto de varias controversias: una orden inicial del juez James Boasberg que frenó deportaciones, seguida por una apelación que llegó a la Suprema Corte. Esta última levantó parcialmente la restricción solo por cuestiones de jurisdicción, pero exigió garantías de debido proceso.
Hoy, con este fallo del Quinto Circuito, el caso se perfila hacia una nueva etapa que probablemente culminará en la Corte Suprema, donde se definirá el alcance de los poderes ejecutivos en materia migratoria bajo estatutos de guerra.
4. Implicaciones políticas y procesos democráticos
El pleito legal fue iniciado por la ACLU, que denunció la maniobra como una violación grave al debido proceso: deportaciones aceleradas sin oportunidad de defensa para los afectados. El equipo legal argumentó que esto convierte el sistema en “injusto, arbitrario y propenso a errores”.
Este fallo no solo frena una política específica, sino que reafirma principios constitucionales básicos: un presidente no puede declarar emergencia sin control judicial ni desmantelar protecciones legales para residentes, incluso si son indocumentados.
5. Panorama internacional y futuro de la ley
- Precedente histórico: ningún presidente había aplicado la Alien Enemies Act en tiempos de paz y contra grupos no estatales.
- Fronteras democráticas: fortalece la idea de que, incluso en cuestiones de seguridad, el Ejecutivo está sujeto al control judicial.
- El futuro legal: queda por definirse si el Congreso corregirá o derogará la ley para evitar abusos.
Conclusión
Este fallo de la Corte de Apelaciones representa un punto de inflexión en la doctrina constitucional estadounidense.
Limita decisivamente los alcances del poder ejecutivo en materia migratoria y refuerza que las leyes de guerra no pueden ser aplicadas indiscriminadamente en tiempos de paz.
La definición final pasará por la Corte Suprema, pero ya ha quedado claro que el sistema judicial puede frenar decretos ejecutivos con implicaciones de derechos fundamentales.
Fuente: CNN
Foto: AFP