La Corte Suprema de Canadá anunció que revisará el caso de dos ciudadanos canadienses que llevan más de dos años detenidos en Siria, acusados de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico. Se trata de Mohamed Khalifa y Abdulrahman El Bahnasawy, quienes fueron capturados por las fuerzas kurdas en 2019, y desde entonces permanecen en condiciones precarias en una prisión del noreste de Siria.
Los dos hombres han solicitado al gobierno canadiense que intervenga para repatriarlos o trasladarlos a un tercer país donde puedan enfrentar un juicio justo. Sin embargo, el gobierno se ha negado a hacerlo, argumentando que no tiene obligación legal de ayudarlos, y que no puede garantizar su seguridad ni la de sus funcionarios en Siria, un país devastado por la guerra civil.
Los abogados de los detenidos presentaron una demanda ante la Corte Federal de Canadá, alegando que el gobierno violó los derechos constitucionales de sus clientes, al negarse a brindarles asistencia consular y a protegerlos de la tortura y el trato inhumano. La Corte Federal rechazó la demanda en marzo de este año, considerando que el gobierno actuó de manera razonable y proporcional, y que no tenía el deber de intervenir en un asunto de política exterior.
Los abogados apelaron la decisión ante la Corte de Apelaciones Federal, que también la confirmó en septiembre, argumentando que el gobierno tenía una amplia discreción para decidir cómo manejar el caso, y que no podía interferir en la soberanía de otro país.
Finalmente, los abogados solicitaron el permiso de la Corte Suprema de Canadá para llevar el caso ante el máximo tribunal del país, esperando que este revierta las sentencias anteriores y ordene al gobierno que actúe en favor de los detenidos. La Corte Suprema anunció el jueves que aceptó escuchar el caso, aunque no fijó una fecha para el juicio.
El caso de Khalifa y El Bahnasawy es uno de los más polémicos y complejos que ha enfrentado el gobierno canadiense en materia de seguridad nacional y derechos humanos. Por un lado, el gobierno ha expresado su preocupación por la situación de los canadienses detenidos en Siria, y ha declarado que está dispuesto a cooperar con las autoridades kurdas y con otros países aliados para encontrar una solución. Por otro lado, el gobierno ha mantenido una postura cautelosa y reservada, y ha evitado comprometerse a repatriar o trasladar a los detenidos, alegando que no tiene pruebas suficientes de su identidad, de su nacionalidad o de los delitos que se les imputan.
Los detenidos, por su parte, han negado ser miembros del Estado Islámico, y han afirmado que viajaron a Siria por motivos humanitarios o personales. Khalifa, de 36 años, es un exrapero que nació en Arabia Saudita, pero que creció y se educó en Toronto. Según su testimonio, él fue a Siria en 2014 para ayudar a los refugiados, y luego fue secuestrado y obligado a trabajar como traductor y narrador para el Estado Islámico. El Bahnasawy, de 22 años, es un joven que nació en Kuwait, pero que se mudó a Canadá con su familia cuando tenía cuatro años. Según su relato, él sufrió de problemas de salud mental y de adicción a las drogas, y fue reclutado por el Estado Islámico a través de internet, cuando tenía 17 años.
El caso de estos dos canadienses plantea una serie de interrogantes éticos, jurídicos y políticos, que la Corte Suprema de Canadá tendrá que resolver. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno canadiense con sus ciudadanos detenidos en el extranjero, especialmente en países en conflicto? ¿Qué derechos tienen los canadienses acusados de terrorismo, y qué garantías deben tener para enfrentar un proceso judicial? ¿Qué riesgos implica para la seguridad nacional y para las relaciones internacionales de Canadá repatriar o trasladar a los detenidos? Estas son algunas de las preguntas que el tribunal más alto del país tendrá que responder, en un caso que podría sentar un precedente histórico.