THE LATIN VOX (18 de noviembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La culminación en Thunder Bay de la gira nacional por el 150º aniversario de la Corte Suprema de Canadá ofrece algo más que una postal institucional. Funcionó, en realidad, como un diagnóstico itinerante sobre el estado del Estado de derecho en un país que encara presiones externas, desigualdades internas y un debate persistente sobre reconciliación y acceso a la justicia.
El recorrido de los nueve jueces por cinco ciudades —desde Victoria hasta Moncton— permitió observar patrones que trascienden lo local: una ciudadanía inquieta por la erosión democrática en otras naciones; brechas profundas entre el arco legal y las realidades de comunidades indígenas remotas; y un sistema judicial que, pese a su reputación de estabilidad, enfrenta tensiones estructurales derivadas de la geografía, los recursos y la modernización tecnológica.
1. La preocupación pública como termómetro democrático
Las inquietudes que Richard Wagner, presidente de la Corte Suprema, escuchó en todo el país sobre la protección de los derechos constitucionales son un indicio de algo más que simple curiosidad cívica.
En términos comparativos, Canadá se ha mantenido relativamente al margen del deterioro institucional observado en otras democracias consolidadas, especialmente su vecino estadounidense. Sin embargo, el hecho de que el público canadiense pregunte repetidamente “si esto puede pasar aquí” señala una alerta: la confianza en las instituciones es real, pero no incondicional.
El énfasis de Wagner en la educación como herramienta de protección institucional resulta significativo. A diferencia de otros países donde la politización del poder judicial es parte del debate cotidiano, el enfoque canadiense se centra en reforzar el conocimiento del sistema, no en reformarlo políticamente. Esto sugiere una estrategia preventiva más que reactiva.
2. Reconciliación y legitimidad: una deuda estructural
La presencia de Michelle O’Bonsawin, primera jueza indígena del Supremo, no es solo un gesto simbólico. Representa uno de los ejes más sensibles del sistema legal canadiense: su relación con las Primeras Naciones, los Métis y los Inuit, históricamente sometidos a modelos jurídicos que no reconocían sus sistemas propios.
Thunder Bay, epicentro de complejas relaciones entre el Estado y comunidades indígenas, sirve como laboratorio donde se cruzan tres dinámicas visibles:
- La persistencia de barreras geográficas que obstaculizan el acceso a la justicia,
- La lenta incorporación de conocimientos jurídicos indígenas al sistema occidental,
- Y la necesidad de legitimidad institucional en territorios históricamente marginados.
La Facultad de Derecho Bora Laskin, con cursos obligatorios en sistemas legales indígenas, constituye uno de los pocos intentos académicos integrales de reconciliar ambas tradiciones. Pero su existencia también revela una brecha todavía muy amplia: que sea una novedad y no un estándar.
3. Distancia y desigualdad: el costo de un país enorme
El Supremo destaca que “acceso a la justicia” implica mucho más que comparecer ante un juez: incluye acceso a información, a defensas adecuadas y a procesos estables. Pero en gran parte del norte canadiense, ese acceso está condicionado por la distancia, el clima y la falta de infraestructura.
La realización de audiencias en centros comunitarios, o por vía virtual cuando la tecnología lo permite, expone una paradoja del federalismo canadiense: un país con alta capacidad tecnológica pero con enormes vacíos en sus periferias.
El comité de modernización judicial intenta abordar este déficit, pero la brecha entre diseño institucional y realidad territorial sigue siendo una de las fronteras más duras del sistema legal canadiense.
4. Salud mental: un problema legal antes que sanitario
El eje de la salud mental, subrayado por O’Bonsawin, introduce un análisis menos visible pero crucial: la parte del sistema penal que funciona como un sustituto disfuncional del sistema de salud.
En el noroeste ontariense, las crisis de suicidio en varias comunidades indígenas demuestran cómo las fallas de recursos sanitarios se trasladan al ámbito judicial, generando una cadena que va de la negligencia social a la criminalización de la vulnerabilidad. El resultado: cárceles pobladas por personas con trastornos no tratados.
Este fenómeno no es exclusivo de Canadá; constituye un patrón global. Sin embargo, en el contexto canadiense se agrava por la geografía y por la persistente desigualdad entre poblaciones indígenas y no indígenas.
5. Una institución estable que busca renovarse para no estancarse
La gira del Supremo sugiere que la fortaleza institucional canadiense no reside en la ausencia de problemas, sino en la voluntad de confrontarlos abiertamente. El ejercicio de salir del tribunal y escuchar a la ciudadanía apunta a una estrategia de legitimación que otras democracias han desatendido hasta que sus crisis estallaron.
El hecho de que la Corte Suprema reconozca públicamente sus desafíos —desde la brecha tecnológica hasta la representación cultural y las presiones externas— puede interpretarse como señal de resiliencia, pero también como reconocimiento de que el modelo judicial canadiense necesita actualizarse para seguir cumpliendo su papel constitucional en un entorno global inestable.
Crédito fotográfico: CBA National Magazine