THE LATIN VOX (8 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un giro judicial con profundas implicaciones para la administración pública estadounidense, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump a continuar con los despidos masivos de empleados federales, removiendo una orden de un tribunal inferior que había congelado la reestructuración del gobierno federal.
La decisión —emitida sin firma y con la única disidencia pública de la jueza progresista Ketanji Brown Jackson— representa una victoria significativa para el mandatario y una implementación directa del controvertido Proyecto 2025, un plan elaborado por el think tank conservador Heritage Foundation que busca reducir drásticamente el tamaño del Estado federal.
Una reestructuración sin precedentes
La medida autoriza a la administración Trump a continuar con lo que denomina una «transformación crítica de la burocracia federal», una iniciativa que, según sus detractores, pone en peligro funciones esenciales del Estado. El fallo de la Corte podría traducirse en la eliminación de cientos de miles de empleos en agencias clave como los departamentos de Agricultura, Salud, Comercio, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos.
Trump sostiene que el electorado le otorgó un mandato para esta reestructuración, y aunque el empresario Elon Musk había sido designado inicialmente para liderar el nuevo “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (conocido informalmente como DOGE), Musk abandonó el proyecto en abril.
La jueza Jackson criticó duramente la decisión de la Corte, calificándola de “precipitada e imprudente” y advirtiendo que pone en riesgo servicios críticos y empleos sin una revisión legal completa. En su disenso escribió que “preservar temporalmente el statu quo era una medida de sentido común” y acusó a la mayoría conservadora del tribunal de actuar con «entusiasmo excesivo» en favor del presidente.
El regreso del poder presidencial sin filtros
El fallo invalida la decisión de la jueza Susan Illston del distrito de San Francisco, quien en mayo dictaminó que Trump había excedido su autoridad al ordenar una reducción de personal tan drástica sin la aprobación del Congreso. Illston había ordenado reinstalar a empleados despedidos y congelar cualquier nueva reestructuración mientras el litigio seguía su curso.
La administración Trump apeló ante el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito y perdió en una votación 2-1, lo que la llevó a solicitar una intervención de urgencia ante la Corte Suprema, que finalmente se pronunció a su favor.
Según el Departamento de Justicia, “controlar el personal de las agencias federales forma parte esencial de la autoridad del poder ejecutivo”. En cambio, los demandantes —una coalición de sindicatos, ONGs y gobiernos locales— advirtieron que esta decisión “abre la puerta a la abolición arbitraria de programas esenciales y despidos masivos sin supervisión legislativa”.
La visión “America First” se impone
Trump y sus aliados celebraron la decisión como una victoria ideológica. La fiscal general Pam Bondi escribió en X: “Hoy, la Corte Suprema detuvo a los tribunales activistas que intentaban restringir la autoridad del presidente sobre el personal federal. ¡Las agencias federales serán ahora más eficientes que nunca!”
El Departamento de Estado anunció que continuará su “histórica reorganización” mientras que Doge reafirmó que “este es otro testimonio del compromiso de Trump con la agenda America First”.
Esta decisión se suma a una serie de fallos favorables a Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero. La Corte también le permitió reanudar deportaciones exprés, terminar con el estatus legal temporal de miles de migrantes y reinstaurar la prohibición a personas transgénero en el ejército, todo mediante procesos de urgencia.
¿Hacia una democracia funcional o autoritaria?
Grupos de defensa de la democracia y los derechos laborales condenaron la decisión. La organización Democracy Forward declaró que el fallo representa “un golpe grave a la democracia estadounidense” y advirtió que reestructurar funciones gubernamentales sin aval legislativo “viola los principios fundamentales de la Constitución”.
El estratega demócrata Antjuan Seawright fue más allá, acusando a la Corte Suprema de ser “instrumento del trumpismo”: “No me sorprende. Este tribunal ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a bailar al ritmo de la extrema derecha.”
Mientras tanto, decenas de miles de trabajadores federales han sido despedidos o forzados a abandonar sus cargos a través de programas de jubilación diferida o licencias indefinidas. Los sindicatos se preparan ahora para una nueva ola de despidos que, según analistas, podría paralizar servicios vitales en salud pública, programas de nutrición infantil, regulación financiera y asistencia a veteranos.
Un Estado reducido, una democracia debilitada
Lo que está en juego no es solo una reforma administrativa, sino la redefinición del papel del Estado en la vida de los ciudadanos estadounidenses. Los críticos de Trump ven en esta ofensiva una forma de vaciar el gobierno de profesionales técnicos, para reemplazarlos por leales ideológicos capaces de ejecutar su agenda sin obstáculos.
A medida que se acercan las elecciones legislativas de 2026, la pregunta clave es: ¿Hasta qué punto puede un presidente remodelar el Estado sin el consentimiento del Congreso?
Con esta última decisión de la Corte Suprema, parece que Donald Trump está decidido a averiguarlo. Y lo está haciendo a toda velocidad.
Crédito fotográfico: BBC/ Getty Images