THE LATIN VOX (3 de octubre del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este viernes a la administración de Donald Trump para retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a más de 300,000 migrantes venezolanos, en una decisión que vuelve a poner en vilo a cientos de miles de familias que habían encontrado refugio legal y laboral en el país.
El fallo, emitido en una orden de emergencia y sin firma, suspende la decisión previa de un tribunal federal en San Francisco, donde el juez Edward Chen había concluido que el gobierno actuó de manera “inédita y apresurada” al poner fin a las protecciones migratorias. Con la resolución del Supremo, los venezolanos beneficiados con TPS vuelven a quedar expuestos a la deportación mientras el caso sigue en curso.
Los tres magistrados liberales de la Corte votaron en contra. La jueza Ketanji Brown Jackson, en una dura disidencia, denunció un “grave abuso” del llamado emergency docket, mecanismo que permite al tribunal intervenir de manera inmediata sin argumentos orales ni deliberación extensa. “No puedo aceptar nuestra interferencia repetida, gratuita y dañina en casos pendientes mientras vidas cuelgan de un hilo”, escribió.
Migrantes en riesgo
El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger a personas provenientes de países golpeados por desastres naturales, conflictos armados o inestabilidad extrema. La designación permite a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en EE.UU. en periodos renovables de 18 meses.
Bajo la presidencia de Joe Biden, se otorgaron protecciones a más de un millón de migrantes, incluidos alrededor de 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos. Sin embargo, Trump ha intentado revertir esas medidas, alegando que los programas de alivio migratorio han sido usados de forma excesiva.
Abogados de migrantes advirtieron que desde la primera intervención del Supremo en mayo —cuando expiraron los permisos de otros 350,000 venezolanos— muchos perdieron sus empleos y viviendas, y algunos fueron detenidos y deportados.
Debate político y legal
La decisión también refleja una pugna institucional. El juez Chen había concluido que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó con un propósito “predeterminado” para acelerar la cancelación del TPS venezolano, construyendo después los argumentos legales para justificarlo.
Pero el procurador general D. John Sauer, máximo abogado de la administración ante el Supremo, sostuvo que los tribunales inferiores estaban “desobedeciendo” órdenes anteriores del alto tribunal y defendió que las medidas de Trump se ajustan a derecho.
El desenlace de este caso podría marcar el rumbo de la política migratoria estadounidense en un año donde la presión sobre la frontera y los programas humanitarios se han intensificado.
Para cientos de miles de venezolanos que huyeron de la crisis en su país, la decisión abre un escenario de incertidumbre: ¿continuar su vida en Estados Unidos bajo la sombra de una posible deportación o enfrentarse a un retorno forzado a un territorio aún convulso?
Crédito fotográfico: Getty Images