La defensora federal de la vivienda, Leilani Farha, ha presentado un informe en el que afirma que la situación de la vivienda de los inuit en Canadá es una violación de los derechos humanos y una consecuencia directa del colonialismo. Según el informe, los inuit sufren una escasez crónica de viviendas adecuadas, asequibles y seguras, que afecta a su salud, educación y bienestar.
Farha señala que el gobierno canadiense ha impuesto un modelo de vivienda occidental que no respeta la cultura, las necesidades y las preferencias de los inuit, y que ha fallado en proveer los recursos necesarios para construir y mantener las viviendas. Además, denuncia que los inuit han sido excluidos de la toma de decisiones sobre su propio hábitat, y que se enfrentan a la discriminación y el racismo en el acceso a la vivienda.
El informe recomienda que el gobierno canadiense reconozca el derecho a la vivienda de los inuit, que establezca una estrategia nacional de vivienda inuit con la participación plena y efectiva de los representantes inuit, y que aumente el financiamiento y el apoyo técnico para mejorar las condiciones de vida de los inuit.
El informe se basa en las visitas que Farha realizó a cuatro comunidades inuit en Nunavut, Nunavik, Nunatsiavut y los Territorios del Noroeste, así como en las consultas con organizaciones inuit y expertos en vivienda. Farha espera que su informe sirva para generar conciencia y acción sobre la crisis de la vivienda inuit, que califica de “vergüenza nacional” y de “emergencia humanitaria”.