Un fallo judicial desafía la autoridad presidencial en un caso clave que podría llegar al Tribunal Supremo de EE. UU.
THE LATIN VOX (2 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En una resolución que podría marcar un hito en la interpretación de los límites del poder presidencial en Estados Unidos, un juez federal declaró ilegal la destitución por parte del presidente Donald Trump del jefe de la Oficina del Consejero Especial, Hampton Dellinger.
Este organismo es responsable de proteger a los denunciantes de irregularidades en el gobierno. El fallo, emitido el sábado por la jueza del Tribunal de Distrito de Washington, Amy Berman Jackson, se ha convertido en una prueba temprana de la amplitud de la autoridad presidencial, un tema que podría ser decidido próximamente por el Tribunal Supremo de EE. UU.
El caso comenzó cuando Trump intentó destituir a Dellinger, quien había sido nombrado por el presidente demócrata Joe Biden y aprobado por el Senado para un mandato de cinco años en 2023.
Dellinger se encargaba de supervisar las denuncias de corrupción o mala conducta dentro de las agencias federales, y su trabajo incluía garantizar que los empleados públicos, en particular los denunciantes, pudieran hacer valer sus derechos sin temor a represalias.
En su fallo, la jueza Jackson subrayó que permitir que Trump tuviera la facultad de destituir a Dellinger establecería un “licencia constitucional para intimidar a los funcionarios en el poder ejecutivo para que actúen según su voluntad”.
Según Jackson, esta medida iría en contra de la protección legislativa que garantiza la independencia de quienes desempeñan roles críticos en la supervisión del gobierno federal. «Sería irónico, por decir lo menos, y perjudicial para los objetivos de la ley si el propio consejero especial pudiera verse obstaculizado en su trabajo por el temor a una destitución arbitraria o partidista», afirmó la jueza.
La decisión de Jackson tiene implicaciones profundas sobre el alcance de los poderes presidenciales, especialmente en lo que respecta a la independencia de las agencias federales. Los abogados de la administración Trump argumentaron que el fallo en favor de Dellinger era una injerencia en la autoridad presidencial sobre los funcionarios de su propio gobierno.
No obstante, Jackson rechazó este argumento, subrayando que la ley que protege al Consejero Especial tiene como propósito permitirle investigar y frenar prácticas ilegales o poco éticas sin verse presionado por intereses políticos o partidistas.
El Departamento de Justicia, que se mostró en desacuerdo con la sentencia, ya ha anunciado su intención de apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Además, en su respuesta a Reuters, Dellinger expresó su gratitud por el fallo, destacando que “el trabajo para proteger a los empleados federales y a los denunciantes continuará”.
En cuanto a su función, el Consejero Especial ha sido un actor clave en evitar represalias contra funcionarios públicos que hayan denunciado irregularidades, como lo evidenció su intervención para detener la destitución de seis empleados temporales que la administración Trump intentó despedir.
Este caso también refleja los intentos de Trump por reducir la independencia de varias agencias federales clave, como la Comisión Federal de Comercio (FTC), la Comisión de Valores (SEC) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
El fallo sobre la destitución de Dellinger podría sentar un precedente importante en cuanto a la capacidad de un presidente para intervenir en los órganos encargados de supervisar la legalidad dentro del propio gobierno, una cuestión que ya ha sido objeto de debate dentro de los pasillos del poder en Washington.
Para muchos observadores, el caso de Dellinger representa solo la punta del iceberg en la lucha de Trump por reestructurar las dinámicas de poder dentro del gobierno federal. El expresidente ha sido un firme crítico de las agencias independientes y, a lo largo de su mandato, buscó limitar su influencia en cuestiones clave como la regulación del mercado y la protección del medio ambiente.
Esta lucha por definir los límites del poder ejecutivo probablemente seguirá siendo un tema central en los próximos años, especialmente si el Tribunal Supremo decide intervenir en el caso.
A pesar de que Jackson consideró su fallo como “extremadamente limitado” y no redujo en gran medida los poderes de Trump, su sentencia tiene un peso simbólico significativo. Al afirmar que este es el único caso de una agencia unipersonal que aún queda por decidir en los tribunales, la jueza envía un mensaje claro sobre la importancia de las protecciones legales para aquellos que supervisan las acciones del gobierno federal.
Con la administración de Biden en el poder, este fallo podría ser un indicio de cómo se seguirá lidiando con el balance entre la autoridad presidencial y la independencia de las agencias gubernamentales, un tema que seguramente continuará evolucionando en las cortes de justicia más altas de EE. UU.
Crédito fotográfico: MSN