El gobierno federal de Canadá ha propuesto una exención del precio del carbono para el combustible utilizado por los agricultores en sus operaciones, como una medida para aliviar la carga financiera que supone la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, esta propuesta ha generado un debate entre los senadores, que tienen que aprobar el proyecto de ley que la contiene antes de que finalice el año.
Por un lado, algunos senadores apoyan la exención, argumentando que los agricultores ya hacen grandes esfuerzos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y que necesitan un alivio fiscal para seguir siendo competitivos en el mercado global. Estos senadores, en su mayoría conservadores, representan a las provincias con una fuerte presencia agrícola, como Alberta, Saskatchewan y Manitoba.
Por otro lado, otros senadores se oponen a la exención, alegando que va en contra del principio de que el que contamina paga, y que crea un precedente peligroso para otros sectores que también podrían pedir una exención. Estos senadores, en su mayoría liberales, representan a las provincias con una mayor conciencia ambiental, como Quebec, Ontario y Columbia Británica.
El proyecto de ley que incluye la exención, conocido como C-206, fue presentado por el diputado conservador Philip Lawrence, y fue aprobado por la Cámara de los Comunes en junio. Sin embargo, el proyecto de ley aún tiene que pasar por el Senado, donde se enfrenta a una fuerte oposición y a un reloj en contra. Si el proyecto de ley no se aprueba antes de que finalice la sesión parlamentaria, el 17 de diciembre, morirá en el papel.
El precio del carbono es una de las principales herramientas del gobierno de Canadá para cumplir con sus compromisos climáticos, que incluyen reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40-45% para 2030, y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. El precio del carbono se aplica a los combustibles fósiles que se queman para generar energía, y se incrementa gradualmente cada año, hasta alcanzar los 170 dólares por tonelada de CO2 en 2030. El objetivo es incentivar el uso de fuentes de energía más limpias y eficientes, y desincentivar el consumo de combustibles contaminantes.
Los agricultores canadienses, que representan el 10% de las emisiones totales del país, han expresado su preocupación por el impacto que el precio del carbono tiene en sus costos de producción, especialmente en el combustible que utilizan para sus tractores, cosechadoras y otros equipos. Según la Federación Canadiense de Agricultura, el precio del carbono podría costar a los agricultores hasta 14.000 millones de dólares en los próximos 10 años, lo que afectaría su rentabilidad y su competitividad.
El gobierno federal ha reconocido el papel clave que los agricultores desempeñan en la economía y en la seguridad alimentaria del país, y ha ofrecido algunas medidas de apoyo, como devolver parte de los ingresos del precio del carbono a los agricultores, o financiar proyectos de innovación y eficiencia energética en el sector agrícola. Sin embargo, los agricultores consideran que estas medidas son insuficientes, y reclaman una exención total del precio del carbono para el combustible que usan en sus operaciones.
El proyecto de ley C-206 pretende responder a esta demanda, y propone modificar la Ley de Precios de Contaminación por Carbono para excluir el combustible utilizado por los agricultores en sus actividades agrícolas. El proyecto de ley cuenta con el apoyo de varias organizaciones agrícolas, como la Federación Canadiense de Agricultura, la Asociación de Productores de Granos de Canadá, y la Asociación de Productores de Carne de Vacuno de Canadá.
Sin embargo, el proyecto de ley también ha generado una fuerte oposición, tanto dentro como fuera del Senado. Algunos críticos argumentan que la exención del precio del carbono para el combustible agrícola es una medida injusta, ineficaz e innecesaria, que socava los esfuerzos del país para combatir el cambio climático, y que beneficia a un sector que ya recibe muchos subsidios del gobierno. Además, señalan que la exención podría abrir la puerta a otras demandas de exención por parte de otros sectores, como el transporte, la minería o la industria, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos de Canadá.
El debate sobre el proyecto de ley C-206 refleja la complejidad y la controversia que rodea al precio del carbono, y al desafío de conciliar los intereses económicos y ambientales de un país tan diverso y extenso como Canadá. El resultado del debate dependerá de la capacidad de los senadores para alcanzar un consenso, y de la voluntad política del gobierno para defender o modificar su política climática.