El gobierno de Canadá, liderado por el primer ministro Justin Trudeau, se ha mostrado como un defensor del medio ambiente y del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Sin embargo, sus acciones contradicen sus palabras, ya que sigue impulsando la construcción de oleoductos que amenazan la biodiversidad, los derechos indígenas y el futuro del planeta.
Uno de los proyectos más controvertidos es el oleoducto Trans Mountain, que pretende transportar petróleo desde las arenas bituminosas de Alberta hasta la costa de Columbia Británica, atravesando territorios ancestrales de más de 100 comunidades indígenas. El gobierno canadiense compró el oleoducto en 2018 por 4.500 millones de dólares y ha invertido otros 12.600 millones para su ampliación.
El oleoducto Trans Mountain es una amenaza para el clima, ya que aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero en 14,7 millones de toneladas al año, equivalente a las emisiones anuales de 3,8 millones de vehículos. Además, el oleoducto pone en riesgo la vida marina, especialmente la de las orcas, que podrían extinguirse por el aumento del tráfico de buques petroleros y el riesgo de derrames.
El gobierno canadiense ha ignorado las protestas y las demandas judiciales de las comunidades indígenas, los grupos ambientalistas y los ciudadanos que se oponen al oleoducto. En cambio, ha desplegado a la policía para reprimir a los manifestantes y ha criminalizado a los activistas, acusándolos de terrorismo y sabotaje.
La hipocresía del gobierno canadiense se hace más evidente cuando se contrasta su apoyo a los oleoductos con su respuesta a la crisis climática que afecta al país. En las últimas semanas, Canadá ha sufrido una ola de calor sin precedentes, que ha provocado incendios forestales, sequías y cientos de muertes. El gobierno ha reconocido que se trata de una emergencia climática, pero no ha tomado medidas concretas para reducir las emisiones ni para ayudar a las comunidades más vulnerables.
Es necesario que el pueblo canadiense se movilice para exigir al gobierno que detenga la construcción de oleoductos y que invierta en energías renovables y en una transición justa para los trabajadores del sector petrolero. Solo así se podrá frenar el calentamiento global y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.