El gobierno liberal de Canadá se dispone a presentar la actualización fiscal de otoño el próximo martes, 23 de noviembre, en medio de la incertidumbre sobre el impacto de la pandemia de COVID-19, el aumento de la inflación y la tensión política con la oposición.
La actualización fiscal es un documento que muestra el estado de las finanzas públicas, los ingresos y los gastos del gobierno, así como las previsiones económicas para los próximos años. No es un presupuesto, pero suele incluir algunas medidas de política fiscal, como cambios en los impuestos o en el gasto público.
El ministro de Finanzas, Chrystia Freeland, ha adelantado que la actualización fiscal mostrará que el déficit y la deuda del gobierno son menores de lo esperado, gracias a la recuperación económica y al aumento de los ingresos fiscales. También ha afirmado que el gobierno seguirá apoyando a los sectores y a las personas más afectados por la pandemia, como los trabajadores de la salud, los turistas y los artistas.
Sin embargo, la actualización fiscal también tendrá que hacer frente a varios desafíos y críticas. Por un lado, la pandemia de COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud y la economía, especialmente por la aparición de nuevas variantes y la baja tasa de vacunación en algunas regiones. Por otro lado, la inflación ha alcanzado su nivel más alto en casi dos décadas, lo que afecta al poder adquisitivo de los canadienses y a la credibilidad del Banco de Canadá.
Además, el gobierno liberal tendrá que lidiar con la oposición de los partidos conservador y bloquista, que han anunciado que no apoyarán la actualización fiscal si no incluye medidas para combatir la inflación, reducir el gasto público y respetar las competencias provinciales. Esto podría poner en riesgo la estabilidad del gobierno minoritario, que necesita el respaldo de al menos uno de los partidos de la oposición para aprobar sus iniciativas legislativas.
La actualización fiscal de otoño será, por tanto, una prueba de fuego para el gobierno liberal, que tendrá que demostrar su capacidad para gestionar la crisis sanitaria y económica, así como para negociar con los demás partidos políticos. El resultado de esta prueba podría determinar el futuro del gobierno y del país.