Fotografía: Canadian Press/Shutterstock
Evento interrumpido en Gatineau
Varios dirigentes de Primeras Naciones abandonaron una cumbre convocada por el primer ministro Mark Carney en el Museo Canadiense de Historia, en Gatineau, Quebec, luego de manifestar que la reunión sobre la nueva Ley de Proyectos Prioritarios —parte del paquete C‑5, también conocido como Building Canada Act— carecía de consulta real y fue percibida como un ejercicio de relaciones públicas .
Motivo del rechazo
La ley, aprobada a fines de junio, permite acelerar megaproyectos —como oleoductos, minas e infraestructura— calificados de “interés nacional” y omitir regulaciones ambientales y procesos de planificación. Pese a su promesa de incluir intereses indígenas, líderes como el gran jefe Cody Diabo (Kahnawake) y Jesse Stoeppler (Hagwilget) criticaron que no hubo consultas previas ni participación significativa, abandonando el encuentro después de que se limitaron los espacios para plantear preguntas .
Reacción de Carney y contexto legal
Durante la cita, Carney afirmó que se trataba de un paso inicial de “compromiso, no consulta”, y aseguró que se establecerá una Oficina de Proyectos Mayores y un Consejo Asesor Indígena antes del Día del Trabajo . Sin embargo, el profesor Bruce McIvor advirtió que, según el deber constitucional canadiense de consultar a las Primeras Naciones, estas acciones poslegislación son insuficientes y podrían derivar en nuevas demandas legales .
Implicaciones y desafíos futuros
Nueve comunidades de Ontario ya han presentado un recurso constitucional impugnando la ley y su equivalente provincial, argumentando que vulnera la autodeterminación y derechos territoriales protegidos por el artículo 35 . La marcha de líderes durante la reunión muestra el profundo descontento y la urgente necesidad de procesos inclusivos antes de avanzar con proyectos que puedan afectar territorios indígenas.
El retiro colectivo en Gatineau evidencia que el Gobierno de Carney aún enfrenta desconfianza y críticas por el desarrollo acelerado sin diálogo previo. La aprobación de C‑5 obligará a un recorrido complicado: equilibrar desarrollo nacional con respeto a los derechos constitucionales de los pueblos originarios y evitar un estallido social o legal más amplio.