El gobierno canadiense planea modificar el acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos, que impide a los solicitantes de asilo que llegan por tierra desde el país vecino presentar una solicitud de refugio en Canadá. Sin embargo, un memorando interno advierte que estos cambios podrían tener consecuencias negativas para la seguridad y la salud pública.
El acuerdo de tercer país seguro, firmado en 2004, establece que los solicitantes de asilo deben presentar su solicitud en el primer país al que llegan, salvo algunas excepciones. Esto significa que los que llegan a Canadá desde Estados Unidos por un puesto fronterizo oficial no pueden solicitar el asilo en Canadá, y viceversa.
El gobierno canadiense quiere ampliar este acuerdo para incluir también a los que cruzan la frontera de forma irregular, es decir, por lugares que no son puestos fronterizos oficiales. El objetivo es desalentar la llegada de miles de solicitantes de asilo que han entrado en Canadá por esta vía desde 2017, especialmente por la provincia de Quebec.
Sin embargo, un memorando interno del Ministerio de Seguridad Pública, obtenido por The Canadian Press a través de la Ley de Acceso a la Información, advierte que esta medida podría tener efectos adversos. Según el documento, los cambios en el acuerdo podrían aumentar las amenazas existentes relacionadas con el contrabando de personas, el tráfico de drogas y armas, y la propagación de enfermedades infecciosas.
El memorando señala que los solicitantes de asilo podrían recurrir a redes criminales para entrar en Canadá por lugares más remotos y peligrosos, lo que pondría en riesgo su seguridad y la de los agentes fronterizos. Además, los cambios podrían generar una mayor presión sobre el sistema de salud canadiense, ya que los solicitantes de asilo podrían llegar con enfermedades no detectadas o no tratadas.
El memorando también indica que los cambios podrían afectar a las relaciones bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, ya que el país vecino podría no estar de acuerdo con la ampliación del acuerdo o exigir otras concesiones a cambio. Asimismo, los cambios podrían enfrentarse a desafíos legales por parte de grupos de derechos humanos o de los propios solicitantes de asilo.
El gobierno canadiense ha dicho que está trabajando con Estados Unidos para revisar el acuerdo de tercer país seguro y adaptarlo a las nuevas realidades migratorias. Sin embargo, no ha confirmado cuándo se implementarán los cambios ni cómo se harán efectivos.