Una nueva encuesta realizada por la firma Leger revela que la mayoría de los canadienses están a favor de poner un precio al carbono, pero también quieren que se suspenda temporalmente el impuesto sobre las emisiones de los combustibles fósiles utilizados para la calefacción doméstica. La encuesta se realizó entre el 12 y el 14 de noviembre de 2023, con una muestra de 1.500 personas, y tiene un margen de error de 2,5 puntos porcentuales.
Según la encuesta, el 63 por ciento de los canadienses apoya el precio al carbono como una medida para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Sin embargo, el 55 por ciento también cree que se debería pausar el impuesto sobre el carbono que se aplica a los combustibles como el gas natural, el propano o el fueloil, que se usan para calentar las viviendas, especialmente en las regiones más frías del país. El motivo principal es el aumento de los costos de la energía, que se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19 y la inflación.
La encuesta muestra que hay diferencias regionales y políticas en las opiniones de los canadienses sobre el precio al carbono. Por ejemplo, el apoyo al precio al carbono es mayor en Quebec (75 por ciento) y Columbia Británica (69 por ciento), que en Alberta (46 por ciento) y Saskatchewan (45 por ciento), donde la industria petrolera tiene más peso. Asimismo, el apoyo al precio al carbono es más alto entre los votantes del Partido Liberal (79 por ciento) y el Nuevo Partido Democrático (77 por ciento), que entre los del Partido Conservador (41 por ciento) y el Partido Popular (29 por ciento).
El precio al carbono es una de las principales políticas del gobierno federal para cumplir con sus compromisos climáticos. Consiste en cobrar un impuesto por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite al quemar combustibles fósiles. El impuesto se incrementa cada año hasta alcanzar los 170 dólares por tonelada en 2030. El gobierno devuelve el dinero recaudado a los ciudadanos y las empresas a través de créditos fiscales y subsidios.
El gobierno ha defendido el precio al carbono como una herramienta eficaz y justa para incentivar la transición hacia una economía baja en carbono. Sin embargo, algunos sectores y provincias se han opuesto al impuesto, argumentando que perjudica la competitividad, el crecimiento y el empleo. La Corte Suprema de Canadá dictaminó en marzo de 2023 que el precio al carbono es constitucional y que el gobierno federal tiene competencia para regular las emisiones de gases de efecto invernadero como una cuestión de interés nacional.