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El sector de los combustibles fósiles se enfrenta a una creciente presión por parte de los grupos ambientalistas que utilizan el derecho de la competencia para denunciar sus prácticas anticompetitivas y engañosas. Estos grupos argumentan que las empresas de combustibles fósiles violan las leyes de competencia al ocultar los riesgos climáticos de sus productos, al financiar campañas de desinformación y al obstaculizar la transición hacia las energías renovables.
Uno de los casos más recientes es el que ha presentado la organización canadiense Ecojustice ante el Tribunal de la Competencia de Canadá. Ecojustice acusa a la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP) y a varias empresas petroleras de realizar declaraciones falsas y engañosas sobre el impacto ambiental de sus actividades. Según Ecojustice, estas declaraciones inducen a error a los consumidores y a los responsables políticos, y dificultan el desarrollo de alternativas más limpias.
Otro ejemplo es el que ha iniciado la organización holandesa Milieudefensie contra la petrolera Royal Dutch Shell. Milieudefensie sostiene que Shell viola el derecho de la competencia al no alinear sus objetivos de emisiones con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Según Milieudefensie, Shell está abusando de su posición dominante en el mercado al seguir invirtiendo en combustibles fósiles y al retrasar la transición energética.
Estos casos se inspiran en el éxito que tuvo la demanda histórica que presentó la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos contra la tabacalera Philip Morris en 1999. La FTC acusó a Philip Morris de violar las leyes antimonopolio al participar en un cártel con otras empresas tabacaleras para ocultar los efectos nocivos del tabaco y para bloquear las iniciativas de regulación. La demanda se resolvió con un acuerdo histórico en el que Philip Morris se comprometió a pagar miles de millones de dólares en concepto de indemnización y a cambiar sus prácticas comerciales.
Los grupos ambientalistas esperan que estos casos sirvan para responsabilizar a las empresas de combustibles fósiles por su contribución al cambio climático y para impulsar una transición más rápida hacia las energías renovables. Sin embargo, también se enfrentan a varios desafíos legales y políticos, como la falta de precedentes, la complejidad de las pruebas y la resistencia de los gobiernos y los lobbies. Por ello, estos casos podrían tardar años en resolverse y requerirán una fuerte movilización social para apoyarlos.