THE LATIN VOX (12 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha emprendido una misión que muchos consideran titánica: recortar decenas de miles de millones de dólares del gasto público sin tocar las transferencias provinciales ni los beneficios sociales clave.
Aunque suena a cuadratura del círculo, expertos en administración pública sostienen que es difícil, pero factible. La pregunta es: ¿a qué precio político y social?
Inspirado en el recorte fiscal radical liderado por Jean Chrétien y su ministro de Finanzas Paul Martin en la década de 1990, Carney lanza ahora su propia cruzada de austeridad en tiempos marcados por presiones inflacionarias, amenazas comerciales internacionales —incluido un impredecible Donald Trump— y un gasto estatal que alcanzará los 570.000 millones de dólares este año fiscal.
El plan es agresivo. El ministro de Finanzas François-Philippe Champagne ya ha enviado cartas a los miembros del gabinete exigiendo propuestas de ahorro «ambiciosas», con el objetivo de reducir el gasto operativo en un 7,5 % para 2026-27, un 10 % al año siguiente, y un 15 % para 2028-29.
Los límites de lo intocable
Carney ha sido claro en sus líneas rojas: no habrá recortes en salud, programas sociales ni beneficios individuales como pensiones o seguridad para la vejez. Tampoco se tocarán programas emblemáticos del gobierno de Trudeau, como la atención dental, la farmacéutica pública y el cuidado infantil.
Eso reduce drásticamente el margen de maniobra. Según estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales y Democracia de la Universidad de Ottawa, el gobierno tiene en la mira unos 180.000 a 200.000 millones de dólares —poco más de un tercio del gasto federal total— como base para los recortes.
Una administración en alerta
La gran incógnita es cómo impactará esto en la función pública federal. La presidenta del sindicato de trabajadores del gobierno (PSAC), Sharon DeSousa, que representa a 240.000 empleados, expresó su preocupación por posibles despidos. “Los recortes no tienen que hacerse sobre las espaldas de los trabajadores públicos”, advirtió, y ofreció alternativas.
El gobierno ha prometido evitar despidos y enfocarse en eliminar vacantes y reubicar personal. Pero ex jefes de la Oficina del Consejo Privado —el órgano más alto de la función pública— advierten que será difícil evitar bajas laborales. Los salarios, beneficios y pensiones representaron 65.300 millones de dólares en 2023-24, un aumento del 10 % respecto al año anterior.
“En los 90 tuvimos que ofrecer incentivos financieros para que la gente se fuera”, recuerda Mel Cappe, ex secretario del Consejo Privado. “Es un gasto inicial grande, pero que permite grandes ahorros futuros”.
Michael Wernick, quien ocupó el mismo cargo entre 2016 y 2019, fue aún más claro: “Confiar solo en la jubilación natural no tiene sentido como estrategia de gestión. ¿Qué haces si tu experta en ciberseguridad se jubila la próxima semana? ¿No la reemplazas?”.
La lógica de recortar lo innecesario, no lo esencial
La clave, coinciden varios expertos, no está en recortar todo un poco, sino en dejar de hacer cosas por completo. “Dejen de hacer ciertas actividades. Así pueden reasignar personal sin tener que despedirlo”, sugirió Cappe. Wernick, por su parte, advirtió que si no se eliminan por completo ciertos programas, el gasto tiende a resurgir bajo presión política.
Donald Savoie, experto en gobernanza de la Universidad de Moncton, cree que el gobierno puede reducir su tamaño sin perjudicar los servicios esenciales. “Hay programas que ya no necesitamos, organizaciones que podemos cerrar. También se puede recortar el uso excesivo de consultores externos”, dijo. Aunque Wernick matiza que esos recortes deben ir acompañados de inversiones en formación para no perder capacidad técnica.
El factor Carney: experiencia y narrativa de crisis
Savoie considera que Carney tiene dos ventajas clave para lograr esta misión. Primero, su experiencia previa en el aparato gubernamental —al igual que Chrétien en su momento— le permite saber exactamente qué palancas tocar. Y segundo, la percepción pública de crisis actual le da margen político.
“En 1994-95, los canadienses sentían que estaban en una crisis fiscal. Hoy, aunque no se trata de la misma clase de emergencia, el contexto internacional, la presión por la inflación y los desafíos con EE. UU. pueden generar una narrativa similar”, explicó. “Eso da al gobierno el permiso político que necesita para tomar decisiones difíciles”.
¿Reforma estructural o simple maquillaje?
La gran pregunta que flota en el aire es si estos recortes derivarán en una reforma estructural del aparato estatal, con menos burocracia y más eficiencia, o si se quedarán en medidas simbólicas sin impacto duradero.
Si Carney logra emular la audacia de los años 90 sin romper el contrato social canadiense, su mandato podría pasar a la historia como uno de los más reformistas del país. Si fracasa, quedará atrapado entre sindicatos enfurecidos, servicios públicos debilitados y una oposición que ya afila sus críticas.
Por ahora, el reloj corre, y el recorte apenas comienza.
Fuente : CBC News
Crédito fotográfico: THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld