THE LATIN VOX (17 de octubre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La reciente afirmación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sobre supuestas recompensas ofrecidas por cárteles mexicanos a cambio de ataques contra funcionarios de inmigración ha generado alarma y polémica, tanto en Washington como en Ciudad de México.
Sin embargo, las declaraciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la opinión de expertos sugieren que estas acusaciones podrían estar más cerca de la propaganda política que de la realidad.
En una conferencia de prensa el pasado miércoles, Sheinbaum declaró con contundencia que su gobierno “no tiene información” sobre los alegatos de la administración Trump, y que, al igual que los medios, se enteró de las acusaciones a través de la publicación del DHS.
La presidenta enfatizó que México está solicitando datos oficiales, aunque hasta el momento no se ha proporcionado evidencia concreta.
El DHS, encabezado por la secretaria Kristi Noem, ha sostenido que cárteles mexicanos están coordinando con pandillas locales en Estados Unidos para amenazar a agentes de inmigración, llegando a estimar recompensas de hasta 50,000 dólares por la muerte de funcionarios de alto rango.
La narrativa encaja con una administración que ha defendido repetidamente las acciones de control migratorio más agresivas, como las recientes redadas en Chicago, que provocaron indignación y protestas locales.
Sin embargo, la reacción de expertos y exintegrantes del crimen organizado apunta a lo improbable de tales amenazas. Margarito Flores, exmiembro del Cártel de Sinaloa en Chicago, calificó la idea de “recompensas de los cárteles” sobre agentes estadounidenses como “ridícula”.
Según Flores, las prioridades de los grupos criminales son económicas, no políticas, y cualquier ataque contra funcionarios estadounidenses en su territorio pondría en riesgo sus operaciones comerciales. “Existe una regla no escrita: no te metas con la ley. Punto”, afirmó.
De manera similar, Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, argumenta que los cárteles jamás atacarían agentes de inmigración, porque “aumentaría la presión sobre ellos y dificultaría el flujo de drogas hacia Estados Unidos”.
Nathan P. Jones, especialista en seguridad, se mostró escéptico sobre la veracidad de la amenaza, advirtiendo que la información disponible es limitada y poco confiable.
Históricamente, los cárteles mexicanos han cometido actos de violencia extrema, pero ataques a agentes estadounidenses en territorio estadounidense son casos excepcionales.
El ejemplo más notorio es el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 a manos del Cártel de Guadalajara, un hecho que enseñó a los grupos criminales a evitar confrontaciones directas con autoridades estadounidenses.
Este antecedente refuerza la idea de que las recientes acusaciones del DHS podrían estar infladas o mal interpretadas.
Los críticos de la administración estadounidense sostienen que tales afirmaciones forman parte de una estrategia política para justificar políticas migratorias drásticas y sembrar miedo entre la población. Vigil incluso sugiere que se busca “normalizar la presencia de agentes de ICE en las calles, actuando como su propia Gestapo”.
La preocupación no es solo teórica: como advierte Flores, la difusión de rumores sobre recompensas puede generar pánico entre los agentes y escalar la violencia de manera inadvertida. “Imagina estar en el terreno y pensar que hay una recompensa sobre tu cabeza. El siguiente paso es que cualquier teléfono móvil se convierta en un arma”, concluye.
En un momento de alta tensión política y migratoria, la línea entre realidad y narrativa se vuelve difusa.
Mientras Washington impulsa alarmas sobre amenazas inminentes, Ciudad de México y expertos independientes piden prudencia y evidencia. La pregunta que queda en el aire es si estas acusaciones son una advertencia legítima o un instrumento más en la compleja estrategia política del gobierno estadounidense.
Crédito fotográfico: Al Diálogo