THE LATIN VOX (15 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido en que la reciente entrega de 26 presuntos integrantes de cárteles a Estados Unidos responde exclusivamente a la seguridad nacional. Sin embargo, analistas y observadores ven en la medida un gesto político hacia Donald Trump, en un contexto de negociaciones para evitar severos aranceles a las exportaciones mexicanas.
Entre los enviados a territorio estadounidense figuran Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis —aliado cercano del Cártel Jalisco Nueva Generación— y Roberto Salazar, acusado del asesinato de un alguacil del condado de Los Ángeles en 2008. Los entregados pertenecen principalmente a los cárteles de Sinaloa y Jalisco, dos de las organizaciones criminales más poderosas de México.
Sheinbaum defendió la decisión como “soberana” y desvinculada de cualquier acuerdo de seguridad bilateral. “Es por la seguridad de nuestro país. No tiene nada que ver con la negociación de un nuevo acuerdo de seguridad”, afirmó en conferencia de prensa.
El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, añadió que el objetivo es impedir que estos criminales sigan dirigiendo secuestros, extorsiones y homicidios desde prisión.
No obstante, el momento de la operación ha levantado suspicacias. La entrega masiva se produjo semanas después de que Trump aceptara posponer por 90 días la imposición de aranceles del 30% a las importaciones mexicanas, una amenaza que ya en febrero había coincidido con otro envío de 29 capos, entre ellos Rafael Caro Quintero. Para expertos como Tony Payan, del Baker Institute, se trata de una estrategia para “apaciguar” a Washington entregando criminales que ya estaban bajo custodia.
La relación entre seguridad y comercio no es nueva. Cecilia Farfán-Méndez, de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, señala que este tipo de acciones “no necesariamente costosas para México” permiten mostrar a Washington disposición a cooperar, especialmente en la lucha contra el tráfico de fentanilo.
El procedimiento usado en ambos casos tampoco ha pasado inadvertido: no fueron extradiciones formales, sino traslados unilaterales sin el proceso judicial completo. Según Ilan Katz, de la Barra Mexicana de Abogados, esta vía es “el mal menor” ante los constantes recursos legales con los que los capos frenan extradiciones. Sin embargo, para Farfán-Méndez, exportar criminales sin un debido proceso plantea dudas sobre la solidez del sistema de justicia mexicano.
En lo inmediato, la maniobra ha evitado un choque comercial de gran magnitud. Pero a largo plazo, la pregunta que queda en el aire es si México está fortaleciendo su seguridad… o simplemente utilizando a sus criminales más buscados como moneda de cambio en la diplomacia con Estados Unidos.
Crédito fotográfico: USA Today