La Ministra de Salud de Ontario, Sylvia Jones, ha tomado una decisión controvertida al ir en contra de las recomendaciones de dos informes encargados por el gobierno sobre los sitios de consumo supervisado de drogas. A pesar de las sugerencias de mantener abiertos los sitios existentes y aumentar la financiación para estabilizar el personal y contratar guardias de seguridad permanentes, Jones anunció esta semana que el gobierno prohibirá los sitios de consumo supervisado cerca de las escuelas y no permitirá la apertura de nuevos sitios en el futuro.
La decisión de la ministra ha generado un intenso debate, ya que los informes recomendaban la expansión de los servicios de reducción de daños, incluyendo los sitios de consumo, y el suministro seguro de drogas para prevenir muertes accidentales por sobredosis. Los informes también sugerían proporcionar fondos para guardias de seguridad en sitios ubicados a menos de 200 metros de las escuelas y aumentar la financiación para reclutar y retener personal, una necesidad crítica en estos centros.
La medida de cerrar 10 sitios de consumo supervisado en toda la provincia se produce después de varias revisiones de los 17 sitios de servicios de consumo y tratamiento de Ontario, iniciadas tras el asesinato de una transeúnte cerca de un sitio en Toronto. Karolina Huebner-Makurat fue asesinada a tiros en su vecindario de Leslieville en el sureste de Toronto el 7 de julio de 2023, cuando estalló una pelea entre tres presuntos traficantes de drogas.
En respuesta a este trágico incidente, el gobierno provincial nombró a Jill Campbell, ex directora ejecutiva de enfermería del Centro para la Adicción y la Salud Mental de Toronto, para hacerse cargo de las operaciones del Centro de Salud Comunitaria de South Riverdale, cerca de donde ocurrió el tiroteo. En la primavera, Campbell presentó un informe al gobierno que incluía varias recomendaciones sobre cómo proceder con los sitios de servicios de consumo y tratamiento.
El primer ministro Doug Ford defendió la decisión de la ministra Jones, citando el aumento de las tasas de criminalidad y las preocupaciones de los vecinos y padres como razones para eliminar los sitios de consumo supervisado cerca de las escuelas. Ford afirmó que el modelo de servicios de consumo y tratamiento se centrará más en la conexión de las personas con el tratamiento, alejándose del consumo supervisado.
La comunidad de salud pública y los defensores de la reducción de daños han expresado su preocupación por esta decisión, argumentando que los servicios de consumo supervisado son esenciales para salvar vidas y prevenir muertes accidentales por sobredosis. La controversia continúa mientras la provincia de Ontario se enfrenta a los desafíos de abordar la crisis de opioides y encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y la salud de los usuarios de sustancias.