La muerte de un hombre de 27 años en una cárcel de Terranova y Labrador ha reavivado las demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema penitenciario provincial. El hombre, identificado como Jonathan Henoche, falleció el pasado miércoles tras un altercado con varios guardias en la prisión de Her Majesty’s Penitentiary en St. John’s.
Henoche estaba acusado de asesinato en primer grado por la muerte de una anciana en 2016 y llevaba tres años esperando juicio. Su abogado, Bob Buckingham, dijo que su cliente sufría de problemas de salud mental y que había solicitado varias veces su traslado a una instalación más adecuada. Según Buckingham, la muerte de Henoche es un ejemplo de la “cultura del silencio” que impera en las cárceles provinciales, donde los incidentes violentos se ocultan o se minimizan.
La familia de Henoche, que es de origen inuit, ha pedido una investigación independiente sobre las circunstancias de su muerte y ha exigido justicia. La jefa de la organización Inuit Nunangat, Natan Obed, también ha expresado su preocupación por el trato que reciben los presos indígenas en el sistema penitenciario y ha reclamado cambios estructurales para garantizar su seguridad y bienestar.
El gobierno provincial ha anunciado que la Policía Real Montada de Canadá (RCMP) se encargará de investigar la muerte de Henoche y que se realizará una autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. El ministro de Justicia, Andrew Parsons, dijo que se trata de un caso “muy grave” y que se tomarán medidas para evitar que se repita una situación similar. Sin embargo, Parsons no quiso hacer comentarios sobre las condiciones de las cárceles provinciales ni sobre las denuncias de falta de recursos y personal.
El caso de Henoche ha puesto de relieve los problemas que afectan al sistema penitenciario provincial, que ha sido objeto de varias críticas y demandas en los últimos años. Algunos de los problemas señalados son el hacinamiento, la falta de programas de rehabilitación, la violencia entre reclusos y guardias, el uso excesivo de la fuerza y el aislamiento, y la discriminación hacia los presos indígenas y racializados. Los defensores de los derechos humanos han pedido al gobierno que tome medidas urgentes para mejorar las condiciones carcelarias y garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de los presos.