En Nicaragua, la situación de los derechos humanos ha experimentado un deterioro constante y generalizado, según el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Este informe destaca que el gobierno nicaragüense ha intensificado la persecución de opositores y voces disidentes, exacerbando la represión y restringiendo el espacio cívico en el país.
Desde junio de 2023 hasta junio de 2024, se han documentado múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas. Hasta julio de 2024, 141 personas, entre ellas 116 hombres y 25 mujeres, seguían detenidas arbitrariamente. Además, se ha reportado un esfuerzo sistemático por desmantelar organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas que defienden los derechos de las mujeres.
El informe también señala que el hostigamiento se ha extendido a los familiares de los detenidos, quienes enfrentan amenazas y restricciones, como la prohibición de hablar sobre los casos bajo riesgo de perder el derecho a visitas o de ver a otros familiares encarcelados. Entre junio de 2023 y junio de 2024, al menos 62 nicaragüenses fueron impedidos de regresar al país, dejándolos en una situación de apatridia de facto.
La persecución religiosa también ha sido un tema preocupante. Durante el período cubierto por el informe, el gobierno canceló arbitrariamente la personalidad jurídica de 303 organizaciones de la sociedad civil y 8 universidades. Además, se ha intensificado la persecución de miembros de la Iglesia católica, con reportes de expulsiones y detenciones de clérigos.
El director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la ACNUDH, Christian Salazar Volkmann, instó al gobierno nicaragüense a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar la protección de sus derechos y los de sus familias. La comunidad internacional también ha sido llamada a colaborar para enfrentar esta crisis de derechos humanos y apoyar a las víctimas.
La situación de los derechos humanos en Nicaragua sigue deteriorándose gravemente, con un gobierno que amplía e intensifica la persecución de opositores y restringe el espacio cívico. La respuesta a esta crisis requiere un esfuerzo conjunto y coordinado para proteger los derechos fundamentales de los nicaragüenses y restaurar el estado de derecho en el país.