THE LATIN VOX (7 de noviembre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Un proyecto de ley que busca reinterpretar los principios del Tratado de Waitangi ha causado un fuerte revuelo en Nueva Zelanda, especialmente entre la comunidad māori. La propuesta, presentada esta semana por el Partido Act, un partido libertario de derecha, ha provocado una oleada de críticas y protestas que amenazan con desestabilizar aún más la ya tensa relación entre el gobierno y los pueblos indígenas del país.
El Tratado de Waitangi, firmado en 1840 entre la Corona británica y más de 500 jefes māori, es considerado el documento fundacional de Nueva Zelanda. Aunque no es vinculante en términos legales, los principios del tratado han sido interpretados y aplicados en diversas leyes a lo largo de los años para proteger los derechos de los māori en áreas como la tierra, la cultura y la participación política.
¿Qué propone el proyecto de ley?
El «Tratado de los Principios» (Treaty Principles Bill) presentado por el Partido Act pretende modificar significativamente la manera en que se interpretan los principios del Tratado. El proyecto de ley desafía las interpretaciones actuales que, según el partido, han distorsionado el propósito original del tratado, creando un sistema de «doble ciudadanía» en el que los māori tienen derechos políticos y legales diferenciados de los no māori.
David Seymour, líder del Partido Act y viceprimer ministro de Nueva Zelanda, ha argumentado que el proyecto de ley busca restablecer la «igualdad ante la ley» y que los principios del tratado deben ser definidos por el Parlamento, no por los tribunales. Seymour se ha mostrado especialmente crítico con la co-gobernanza (el poder compartido entre los māori y la Corona) y las cuotas destinadas a remediar la subrepresentación de los māori en las instituciones públicas, viéndolas como contrarias al principio de igualdad de derechos.
La oposición y el descontento generalizado
La propuesta ha generado un rechazo contundente por parte de los líderes māori, académicos y partidos de la oposición. Críticos como Carwyn Jones, académico en derecho māori de la universidad Te Wānanga o Raukawa, advierten que si el proyecto se aprueba, se reducirían significativamente los mecanismos legales disponibles para que los māori reclamen sus derechos. Además, argumentan que una reinterpretación de los principios socavaría la relación entre el pueblo māori y el Estado, exacerbando la división social y política.
Un informe del Tribunal de Waitangi, que supervisa la implementación del tratado, calificó la propuesta como “la mayor violación del Tratado en tiempos modernos”. Según el Tribunal, si el proyecto se convierte en ley, limitaría los derechos de los māori, dificultaría su acceso a la justicia y reduciría el estatus constitucional del tratado. «Si este proyecto se mantuviera en vigor durante un tiempo considerable o no se derogara, podría significar el fin del Tratado», afirma el informe.
El descontento ha culminado en protestas masivas, con una marcha de hīkoi (protesta en la que los māori recorren grandes distancias) convocada para el 19 de noviembre, justo después de la introducción original del proyecto de ley en el Parlamento.
La posición del gobierno y la posibilidad de que el proyecto avance
Aunque el Partido Act negoció la inclusión de este proyecto de ley en su acuerdo de coalición con el Partido Nacional de centroderecha, el Partido Nacional solo se ha comprometido a apoyarlo en su primera lectura y durante el proceso en el comité selecto. El tercer socio de la coalición, el Partido Nueva Zelanda Primero, ha dejado claro que no apoyará el proyecto más allá de estos primeros pasos.
La oposición, encabezada por los partidos Labour, Green y Te Pāti Māori (el Partido Māori), ha llamado al primer ministro Christopher Luxon a bloquear lo que consideran un «proyecto divisivo» que favorece a «un sector reaccionario y peligroso» de la sociedad.
Seymour, por su parte, ha instado a sus colegas de coalición a respetar el proceso democrático y permitir que la ciudadanía se exprese antes de tomar una decisión final. A pesar de esto, parece poco probable que el proyecto pase sin mayores dificultades, dado el fuerte rechazo público que ha generado.
Un debate que avivó la retórica anti-māori
Más allá de la cuestión legal y política, lo que más preocupa a muchos observadores es el impacto social que esta propuesta podría tener en la relación entre los māori y el resto de la sociedad neozelandesa. Carwyn Jones y otros líderes indígenas afirman que el proyecto de ley ha revivido discursos anti-māori, alimentando la polarización en torno a los derechos y privilegios de los māori en el país.
La propuesta también ha abierto un debate sobre la identidad nacional de Nueva Zelanda, con muchos māori sintiendo que su historia y sus derechos son ignorados o distorsionados por la política actual. A medida que el conflicto se intensifica, el futuro del Tratado de Waitangi y la relación entre la Corona y los māori se presenta cada vez más incierto.
En este contexto, el proyecto de ley no solo amenaza con reconfigurar la interpretación legal del Tratado de Waitangi, sino que podría redefinir las dinámicas sociales y políticas en Nueva Zelanda, en un momento en que el país busca reconciliar su pasado colonial con las demandas de justicia social y derechos de los pueblos indígenas.
Crédito fotográfico: Peter de Graaf/rnz.co.nz