Credito fotografico: Evan Mitsui/CBC
El 15 de julio de 2025, nueve comunidades indígenas de Ontario —incluyendo Alderville, Aroland, Attawapiskat, Fort Albany, Ginoogaming, Apitipi Anicinapek, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, Oneida del Thames y Wabauskang— presentaron una demanda ante la Corte Superior de Ontario. Su objetivo es anular dos leyes recientes: Bill 5 de Ontario y Bill C‑5, a nivel federal. Estas legislaciones permiten acelerar la aprobación de grandes proyectos de infraestructura y recursos, declarando algunas obras de “interés nacional” o ubicándolas en “zonas económicas especiales”, eximiéndolas de ciertas regulaciones ambientales y de consulta indígena.
Alegatos de derechos violados
Los demandantes advierten que las leyes vulneran sus derechos constitucionales protegidos bajo las secciones 7 (vida, libertad y seguridad de la persona) y 15 (igualdad ante la ley) de la Carta Canadiense . Además, declaran que las medidas representan un “peligro claro y presente” para su autodeterminación, al permitir aprobar proyectos sin consulta ni mitigación adecuada —desde evaluación ambiental hasta preservación cultural— y sin participación significativa de las comunidades .
La demanda solicita una orden judicial que suspenda dichos mecanismos legislativos, así como $100 millones en compensación destinados a consolidar procesos de reconciliación .
Respuestas oficiales
Primer ministro federal Mark Carney y la administración de Premier Doug Ford sostienen que la legislación facilitará proyectos de “importancia nacional” y que incluyen cláusulas de consulta y participación económica indígena. Además, prometen continuar consultando durante el verano
- Sin embargo, los líderes indígenas y organizaciones como la Assembly of First Nations, representada por su presidenta Cindy Woodhouse Nepinak, sostienen que «la consulta sin acomodación» es insuficiente y añaden que podrían seguir protestas inspiradas en el movimiento Idle No More .
Dimensión ambiental e impacto local
Las evaluaciones preliminares apuntan que Bill 5 podría afectar terrenos clave para la biodiversidad, como las zonas de anidación del caribú, y facilitar residuos o minería sin control estricto . Además, la región del Ring of Fire —rico en minerales— es una de las primeras áreas planeadas como zona priorizada bajo este marco legal .
La batalla legal iniciada el 15 de julio refleja un momento crítico en la relación entre el Estado y los pueblos originarios de Canadá. Mientras Ottawa y Ontario impulsan nuevas vías para acelerar megaproyectos estratégicos, nueve Primeras Naciones exigen que sus derechos constitucionales, ambientales y culturales sean reconocidos y protegidos, no soslayados. El caso ante la Corte Superior será decisivo para el futuro de la reconciliación y las garantías constitucionales en la aprobación de infraestructura en Canadá.