THE LATIN VOX (8 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En una muestra más del poder crudo y la política de la intimidación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado frenar los planes de Canadá para aplicar un impuesto a los servicios digitales.
La amenaza de poner fin a las negociaciones comerciales bilaterales e imponer aranceles punitivos surtió efecto. Ottawa cedió. Y con ello, una oportunidad histórica para reclamar justicia fiscal frente a los gigantes tecnológicos se ha debilitado.
Trump, fiel a su estilo de confrontación, tachó el impuesto digital canadiense de “un ataque directo y descarado” a Estados Unidos, cuando en realidad se trata de un mecanismo moderno, eficiente y justo para gravar a las grandes empresas digitales que operan y lucran en múltiples países sin contribuir fiscalmente de forma proporcional.
La pregunta que queda en el aire no es menor: ¿seguirán otros países el mismo camino? ¿O se mantendrán firmes, unidos, y comenzarán a cobrar los miles de millones que legítimamente les corresponden?
El poder sin filtro: cómo Trump doblegó a Canadá
Lo ocurrido con Canadá no es un caso aislado. Trump ya había amenazado a Australia, India y Nueva Zelanda con medidas similares si avanzaban con sus propios impuestos digitales. Su argumento no solo ignora los fundamentos básicos de la economía global, sino que pisotea principios fundamentales del derecho internacional, como la soberanía fiscal y el respeto a acuerdos multilaterales.
La política fiscal digital se ha convertido en uno de los campos de batalla más importantes de nuestra era.
Empresas como Google, Apple y Meta han perfeccionado durante décadas el arte de eludir impuestos: moviendo ingresos a paraísos fiscales, minimizando sus cargas tributarias y dejando que la factura de los servicios públicos recaiga en los ciudadanos comunes.
Apple, por ejemplo, llegó a pagar solo el 0,005% de sus beneficios europeos en impuestos. Meta enfrenta hoy una investigación en Italia por un posible fraude fiscal de más de 900 millones de euros.
Los impuestos digitales intentan corregir esta injusticia. Están diseñados para gravar servicios digitales proporcionados en un país, sin importar dónde esté registrada la empresa. Más de 18 países ya los aplican, y otros 20 los están considerando.
El fin del consenso internacional
Durante años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lideró un proceso para alcanzar un acuerdo global sobre fiscalidad digital. Como parte de ese pacto, se propuso suspender temporalmente la implementación de impuestos digitales, con la esperanza de lograr una solución multilateral.
Pero en enero de 2025, Trump dinamitó ese esfuerzo con una orden ejecutiva que declaró que el acuerdo “no tiene fuerza ni efecto” en EE.UU. Con ello, la moratoria quedó sin sentido, y los países enfrentan ahora la decisión de si actuar individualmente, arriesgando represalias, o someterse a las presiones estadounidenses.
Lo que está en juego no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de principios: de equidad, de soberanía, y del respeto al estado de derecho en las relaciones internacionales.
¿Hacia un nuevo orden fiscal o el regreso a la ley de la selva?
La rendición de Canadá es un símbolo inquietante. El mismo país que hace poco se negaba a convertirse “en el estado número 51 de EE.UU.” ha dado ahora un paso que, para muchos, representa una pérdida real de independencia económica y política.
Los defensores del impuesto digital señalan que este tipo de tributos son fáciles de administrar —precisamente por su rastro digital—, y son fundamentales para que los países recuperen ingresos perdidos por la globalización digital. En un mundo donde cada vez más actividades ocurren en línea, dejar de gravarlas solo incrementa la desigualdad y socava la financiación de los servicios públicos.
¿Qué sigue?
Ahora, la decisión está en manos de otros gobiernos: ¿cederán ante la presión de Trump y sus aliados tecnológicos, o harán frente común para defender el derecho soberano a imponer impuestos justos? La comunidad internacional debe decidir si quiere un sistema basado en reglas —por imperfectas que sean— o uno regido por la fuerza y la intimidación.
Porque lo que está en juego va mucho más allá de un impuesto. Es la defensa de un orden económico justo y democrático. Es la diferencia entre una política fiscal al servicio de los pueblos… o una rendida ante los intereses de Silicon Valley y sus protectores en Washington.
Si Canadá no fue capaz de resistir la presión, ¿lo serán otros? Lo sabremos pronto. Pero la historia juzgará a quienes, frente al abuso de poder, eligieron callar en lugar de actuar.
Crédito fotográfico: IEDM.org