THE LATIN VOX (1 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La reciente aprobación del Proyecto de Ley C-5 por el gobierno federal de Canadá ha desatado una ola de críticas por parte de líderes y comunidades indígenas, evocando recuerdos del emblemático movimiento “Idle No More” que sacudió al país en 2012.
Para muchos pueblos originarios, esta legislación representa no solo una amenaza para sus derechos y territorios, sino también un retroceso en la relación nación a nación que el gobierno ha prometido fortalecer.
Una comparación inevitable
«Me recuerda mucho a la forma en que se impulsó la ley ómnibus de Stephen Harper en 2012», señala Hayden King, director ejecutivo del Yellowhead Institute y miembro de la Primera Nación Beausoleil. “Ambas buscaban acelerar el desarrollo de recursos, ignorando las obligaciones con los pueblos indígenas. Esta es la primera gran acción del primer ministro Mark Carney, y ya ha retomado esa misma lógica extractivista”.
La ley, aprobada la semana pasada, busca eliminar barreras al comercio interprovincial, pero su aspecto más polémico permite declarar ciertos proyectos como “de interés nacional”, lo que les permitiría saltarse evaluaciones federales clave, incluidas las leyes que protegen especies en riesgo, los recursos pesqueros y, especialmente, la Ley de Evaluación de Impacto, que obliga a consultar a los pueblos indígenas y tener en cuenta sus conocimientos y derechos.
Consultas cuestionadas
El gobierno federal ha prometido realizar consultas durante el verano con pueblos Primeras Naciones, Inuit y Métis, incluyendo cumbres y foros virtuales. Sin embargo, para muchas comunidades, esas promesas llegan tarde y suenan vacías.
“Eliminar los marcos legales que definen cómo debe realizarse la consulta deja a nuestras comunidades sin claridad ni garantía de que serán escuchadas”, advierte King. La falta de inclusión del principio de «consentimiento libre, previo e informado» en el texto final del proyecto —propuesta rechazada en el Senado— es, para muchos, una muestra de la desconexión del gobierno con los derechos indígenas reconocidos internacionalmente.
Voces de resistencia
Diversos líderes han alzado la voz. Desde Alberta hasta Ontario, múltiples Primeras Naciones han denunciado la rapidez con que fue aprobado el proyecto, sin la debida participación. El jefe Shelly Moore-Frappier de Temagami declaró que el proyecto es “una forma de ejercer poder sobre los Primeros Pueblos y sus recursos”. La Nación Cree Samson fue más directa, denominando al C-5 como la «ley de no derechos indígenas».
La Asamblea de las Primeras Naciones de Québec-Labrador criticó duramente al gobierno por elegir “la confrontación sobre la cooperación”, y el movimiento Idle No More en Ontario calificó el proyecto como una traición a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
¿Un camino hacia la inclusión económica?
No todas las voces del ámbito indígena ven el proyecto con la misma crítica. John Desjarlais, director ejecutivo de Indigenous Resource Network, cree que el C-5 puede ofrecer una oportunidad para que las comunidades indígenas se beneficien económicamente a través de la propiedad y participación en proyectos de infraestructura.
“El gobierno está mostrando señales claras de que quiere que las comunidades sean socias reales en estos proyectos”, sostiene Desjarlais. Aun así, admite que probablemente “no se consultó lo suficiente”, y reconoce la necesidad de encontrar un equilibrio entre eficiencia y respeto a los derechos.
Una nueva encrucijada para Canadá
El Proyecto de Ley C-5 ha abierto una herida aún fresca en la historia de Canadá: la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Mientras el gobierno intenta acelerar procesos de desarrollo económico bajo la bandera del interés nacional, las Primeras Naciones ven en esta legislación una amenaza a su autodeterminación, sus tierras y su futuro.
A medida que se acercan las reuniones del 10 y 17 de julio entre líderes indígenas y el primer ministro, queda por ver si el gobierno podrá reconstruir la confianza. La historia de “Idle No More” demuestra que cuando los derechos son ignorados, el silencio no es una opción.
Crédito fotográfico: Joel Wittnebel/The Pointer