El gobierno federal ha presentado medidas propuestas para proteger a los inquilinos de las bajas tasas de vacantes, los altos precios y otros desafíos significativos. Sin embargo, algunos expertos en vivienda consideran que estas medidas podrían no ser suficientes. Steve Pomeroy, consultor de investigación en políticas de vivienda, opina que la propuesta de una carta de derechos para los inquilinos es «un intento de parecer que se está haciendo algo», pero duda de su impacto real en la asequibilidad del alquiler¹. Por otro lado, Dale Whitmore, director de política y reforma legal en el Centro Canadiense de Derechos de Vivienda, ve esto como un comienzo que podría evolucionar hacia algo más sustancial y útil. Es importante que el proceso se tome en serio y se desarrolle una verdadera carta de derechos.
La propuesta incluye un contrato de arrendamiento estándar a nivel nacional y la obligación de los propietarios de revelar el historial de precios de una unidad para permitir que los inquilinos negocien su alquiler. Además, se crearía un fondo de 15 millones de dólares para organizaciones provinciales de asistencia legal que ayuden a los inquilinos a enfrentar el abuso de los propietarios y las «renovaciones» injustas. También se propone cambiar las reglas federales para que los pagos de alquiler a tiempo se reflejen en las calificaciones crediticias. Estas medidas son especialmente relevantes para los canadienses más jóvenes, quienes enfrentan desafíos significativos en cuanto a los costos de vivienda.
A pesar de estas propuestas, surge la pregunta de si el gobierno federal debería intervenir en áreas que son competencia exclusiva de las provincias, como la protección al consumidor, los derechos de propiedad y la regulación del alquiler. El debate continúa mientras se busca un equilibrio entre la protección de los inquilinos y el respeto a las jurisdicciones provinciales.