THE LATIN VOX (25 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Golpes, humillaciones, aislamiento y gritos de dolor: así describen varios migrantes venezolanos el infierno que vivieron tras ser deportados desde Estados Unidos a la notoria megaprisión de El Salvador, donde pasaron meses sin haber sido acusados ni juzgados formalmente.
Muchos de ellos, ahora repatriados a Venezuela, han comenzado a compartir sus testimonios en lo que ya se perfila como una de las historias más controversiales de la política migratoria del expresidente Donald Trump.
Un total de 252 venezolanos fueron devueltos a su país la última semana como parte de un acuerdo entre Washington y Caracas. Gran parte de ellos habían sido transferidos a El Salvador en marzo, tras ser arrestados en Estados Unidos bajo acusaciones poco claras de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Sin embargo, solo siete de los deportados tienen casos judiciales abiertos en Venezuela, según el ministro del Interior Diosdado Cabello.
“Bienvenidos al infierno”
Carlos Uzcátegui, de 33 años, fue uno de los primeros en reencontrarse con su familia en Lobatera, en los Andes venezolanos. Su esposa, Gabriela Mora, no pudo contener las lágrimas al ver llegar el vehículo militar que lo traía, tras más de 30 horas de viaje.
«Todos los días pedíamos a Dios salir de ese lugar para volver con nuestras familias», relató Uzcátegui.
«Nos golpeaban, nos pateaban. Todavía tengo moretones en el estómago», agregó mientras mostraba heridas en su abdomen.
Uzcátegui migró en 2024 buscando un empleo en la construcción en Orlando, Florida, tras la quiebra de su negocio de comida callejera y la reducción de salario en una mina local.
Cruzó el peligroso Tapón del Darién y logró llegar a México, donde trabajó hasta recibir una cita de asilo a través de la aplicación CBP One. Sin embargo, tras la llegada de Trump a su segundo mandato en enero, el sistema fue cancelado y Uzcátegui terminó detenido y, sin previo aviso, deportado a El Salvador.
Tortura, aislamiento y humillaciones
Según relatos de varios de los repatriados —y videos difundidos por la televisión estatal venezolana— los migrantes fueron retenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad emblemática del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado muertes, torturas y tratos crueles en ese penal.
Julio González Jr, otro de los deportados, narró que creía estar siendo enviado de vuelta a Venezuela cuando abordó un avión en Texas. «Cuando tocamos tierra y vimos que era El Salvador, todo se volvió caos», contó. “Nos bajaron a golpes y nos subieron a un bus como animales”.
Al llegar a Cecot, un guardia con el rostro cubierto les gritó: «Bienvenidos a El Salvador, hijos de puta». Allí, González relata haber sido golpeado con bates, robado, y privado de contacto con su familia o asistencia legal.
“Dios les pedirá cuentas”
Arturo Suárez, un reguetonero caraqueño, también estuvo entre los deportados. Al regresar a su hogar, su hermana lo recibió llorando. «Fue el infierno. Hay muchos inocentes que aún siguen allí. A los que negociaron con nuestras vidas, solo puedo decir: Dios les pedirá cuentas», declaró.
Uno de los casos más conmovedores es el de Andry José Hernández Romero, un maquillador venezolano abiertamente gay, que había entrado legalmente a EE.UU. usando CBP One para pedir asilo. Fue deportado bajo una oscura disposición legal utilizada por el gobierno de Trump. Su historia es ahora parte de una apelación legal presentada por el Immigrant Defenders Law Center en California.
Su regreso a Venezuela fue recibido con emoción: «Todo su pueblo lo esperaba con una comida», dijo Melissa Shepard, directora de servicios legales de la ONG.
Investigación internacional y silencio oficial
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció esta semana la apertura de una investigación formal contra el gobierno de Nayib Bukele, basándose en las denuncias de tortura y trato inhumano. Desde San Salvador, no ha habido respuesta oficial.
El acuerdo por el que EE.UU. habría pagado 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño para alojar a los detenidos venezolanos genera serias preocupaciones éticas y legales. Diversos sectores califican el traslado como una deportación encubierta sin el debido proceso, y exigen rendición de cuentas tanto a Washington como a San Salvador.
Más allá del escándalo
Mientras los migrantes regresan a sus hogares y tratan de reconstruir sus vidas, sus historias exponen el rostro más crudo de las políticas migratorias extremas y el impacto devastador de decisiones arbitrarias en personas que, como dice Gabriela Mora, «solo querían reparar una casa o darle educación a una hija».
La pregunta persiste: ¿cuántos más fueron enviados al infierno sin juicio, sin voz y sin nombre?
Crédito fotográfico: Ricardo Mazalán/AP