THE LATIN VOX (13 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El gobierno de Perú ha promulgado una controvertida ley de amnistía que beneficia a militares, policías y miembros de comités de autodefensa acusados de cometer violaciones graves de derechos humanos durante el conflicto armado interno que asoló el país entre 1980 y 2000.
La presidenta Dina Boluarte firmó la norma el miércoles en el Palacio de Gobierno, en un acto celebrado por altos mandos militares y ministros.
El texto, aprobado por el Congreso el mes pasado, impide procesar y condenar a quienes enfrentan acusaciones por asesinatos, desapariciones, torturas y violencia sexual cometidos en el marco de la lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes.
Boluarte defendió la medida asegurando que “con la promulgación de esta ley, el gobierno y el Congreso reconocen el sacrificio de las Fuerzas Armadas, la Policía y los comités de autodefensa en la lucha contra el terrorismo” y que se les “devuelve la dignidad que nunca debió ponerse en duda”.
Rechazo de víctimas y organismos internacionales
Familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos reaccionaron con indignación. Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de la masacre de un escuadrón de la muerte en 1992, denunció en X : “Un gobierno que viola los derechos humanos promulga una ley de amnistía para quienes lo respaldan: policías y militares que asesinaron, desaparecieron y violaron entre 1980 y 2000”.
Desde Human Rights Watch, su directora para las Américas, Juanita Goebertus, calificó la medida como “una traición a las víctimas” que “socava décadas de esfuerzos para garantizar justicia y debilita aún más el Estado de derecho”.
El conflicto interno dejó, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cerca de 70,000 muertos y 20,000 desaparecidos; el 54% de las muertes fue atribuido a Sendero Luminoso, y el resto, a fuerzas estatales y grupos vinculados.
Preocupación por retrocesos democráticos
La amnistía se suma a otros episodios que han generado alarma sobre el compromiso del actual gobierno con los derechos humanos.
En 2023, el expresidente Alberto Fujimori fue liberado de prisión pese a una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para retrasar su excarcelación. El año pasado, el Congreso aprobó una ley que impone un plazo de prescripción para crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2003.
La ONU advirtió en julio que Perú tiene la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar violaciones graves de derechos humanos, y que las amnistías para este tipo de delitos están prohibidas por las normas internacionales.
Riesgo de impunidad
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Perú se han logrado más de 150 condenas por crímenes cometidos durante el conflicto, y unas 600 investigaciones siguen abiertas.
La experta en Perú Jo-Marie Burt, del Washington Office on Latin America, afirmó que la norma “consagra la impunidad” y coloca al país “al mismo nivel que Venezuela y Nicaragua en su desprecio por el derecho internacional”.
“Durante muchos años, Perú hizo esfuerzos significativos para llevar a los responsables ante la justicia. Este movimiento cínico echa por tierra esos avances”, sentenció Burt.
Con la aprobación de esta ley, el país enfrenta no solo críticas internas, sino el riesgo de aislarse en el ámbito internacional por incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Crédito fotográfico: NBC News