En el segundo día de paro nacional en Perú anunciado por sectores ciudadanos y gremios, la represión policial se mantuvo e incluso hubo detenciones y heridos.
La policía intentó detener con sonidos de las sirenas de sus camionetas los gritos de las personas movilizadas en los exteriores de la sede principal del Foro Asia Pacífico (APEC), en el distrito de San Borja, en la ciudad de Lima.
Pero, además, usó la fuerza y en muchos casos violencia con personas que filmaban con sus celulares algunos momentos de represión e inidentes de la policía.
Más de mil personas se congregaron en los exteriores del foro APEC, y si bien la demanda principal no es contra la APEC, se ha tomado la medida ciudadana de marchar hacia esa sede para que líderes mundiales conozcan que en el Perú se vive en un estado de inseguridad ciudadana que se vincula a extorsión, sicariato y otras violencias del crimen organizado, y que poco o nada es lo que sienten que el gobierno peruano está haciendo para controlar esta situación.
Más aún en los últimos días previos a la APEC, el gobierno anunció un paquete de medidas luego de una reunión de Consejo de Estado, pero estas medidas indicaban estado de emergencia, además propuestas de aumento de penas carcelarias y actuaciones poco claras desde los diferentes estamentos del Estado.
En ese marco, un juez peruano, Oswaldo Ordoñez, se presentó en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar que el Gobierno y el Congreso vienen atacando el Estado de derecho y favoreciendo con leyes al crimen organizado, además de debilitar el sistema de justicia. }
“En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa el Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene desestabilizando el sistema de justicia (…) Esta mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo han promulgado leyes que modificación los plazos de prescripción, que recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz, que impiden la incautación de bienes o materiales usados en la minería ilegal, que excluye a todos los partidos políticos de toda responsabilidad penal, promueven impunidad para terroristas y exmilitares, obligan que los allanamientos se realicen con presencia del abogado del allanado y establecen una nueva tipificación del delito de crimen organizado”, denunció el juez, quien es miembro de la Federación Latinoamericana de Magistrados.
La intervención de Ord.óñez se dio en el marco de la audiencia 191 de la CIDH, que abordó la «Situación de la independencia judicial en las Américas» y fue solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil