THE LATIN VOX (19 de noviembre de 2025).- Por Daniela Medina.
En una jugada legislativa que ha encendido el debate público en Ontario, el parlamento provincial aprobó este miércoles el Proyecto de Ley 33, también llamado Supporting Children and Students Act (Ley de Apoyo a Niños y Estudiantes), que otorga poderes significativamente ampliados al ministro de Educación, Paul Calandra. La votación final tuvo lugar en Queen’s Park, y el proyecto ya ha generado manifestaciones, críticas de sindicatos docentes y advertencias sobre riesgos democráticos y de gobernanza local.
1. ¿Qué establece el proyecto de ley?
El texto de la ley faculta al ministro de Educación para intervenir más agresivamente en los distritos escolares: podrá anular decisiones de las juntas escolares, remover consejeros (trustees) y nombrar “supervisores” que asuman funciones de gestión (financiera, operativa, política) de dichos distritos.
Además, se acuerda obligar a algunas juntas escolares a implementar el programa de oficiales de recursos escolares (“school resource officers” o SRO), siempre que exista la oferta local de la policía.
Otra disposición clave es la transparencia: el ministro podrá exigir que las juntas escolares publiquen los gastos de los consejeros, del director de educación y otros cargos administrativos.
Asimismo, la ley faculta al ministro para intervenir sobre nombres de escuelas, es decir, podrá dar directrices en la apertura de nuevos colegios o el cambio de nombre de los existentes.
Por último, el proyecto no solo se queda en el nivel escolar básico: también incluye medidas para la educación superior. Obliga a que las políticas de admisión en universidades y colegios sean “meritocráticas” y exige que estas instituciones informen con detalle cómo usan los ingresos por matrícula y otras tarifas.
2. Críticas y reacciones: una división profunda
La aprobación de esta ley no ha sido pacífica. Diversos sindicatos de docentes y organizaciones de la comunidad educativa han denunciado que el proyecto constituye un despojo del poder local y una concentración autoritaria de la toma de decisiones.
Por ejemplo, la Elementary Teachers’ Federation of Ontario calificó la iniciativa como un “golpe de poder”, argumentando que bajo el discurso de la “rendición de cuentas” están silenciando voces disidentes y restando capacidad de decisión democrática a las juntas escolares.
En su defensa, el ministro Calandra ha expresado que esta intervención es necesaria para corregir “desviaciones” en algunas juntas escolares. Según él, algunos consejeros están más pendientes de debates políticos o simbólicos (como el cambio de nombres de escuelas) que de administrar los recursos con eficacia, lo que, según su criterio, termina perjudicando la educación real.
3. Protestas en Queen’s Park
Tras la votación final, se registraron protestas en los jardines del parlamento provincial. Grupos de educadores, padres, y defensores de la autonomía local se concentraron y marcharon hasta los escalones de Queen’s Park, denunciando lo que consideran un atropello a la democracia local.
Los manifestantes advirtieron que la implantación de supervisores designados por el Ministerio podría significar que personas sin experiencia educativa ni conexión con las comunidades locales (o con el sistema escolar específico, como escuelas de lengua francesa) asumirán el control.
4. Contexto de justificación del gobierno
El gobierno provincial ha defendido la iniciativa en parte argumentando que algunas juntas escolares han cometido errores graves en la gestión, incluyendo escándalos financieros. Por ejemplo, en el pasado se han denunciado casos de gastos excesivos por parte de algunos consejeros.
Además, Calandra sostiene que la supervisión más directa permitirá “poner las juntas escolares nuevamente en rumbo”, corrigiendo lo que él considera “desviaciones” administrativas.
Desde la perspectiva de la seguridad, el ministro también afirma que recuperar o fortalecer los programas de oficiales de recursos escolares podría mejorar la convivencia, generando “respeto mutuo” entre estudiantes y autoridades policiales locales.
5. Crítica al proceso legislativo
Otro punto álgido en la controversia ha sido el rapidez con que se tramitó la ley. Diversos opositores acusan al gobierno de la provincia de “saltar” etapas democráticas: según reportes, el proyecto fue impulsado sin audiencias públicas o debates amplios, lo que para muchos socava la transparencia del proceso.
Líderes políticos de la oposición, como la diputada Marit Stiles (NDP), han denunciado que este tipo de maniobras representa un debilitamiento de la rendición de cuentas: “El ministro pretende arreglar un problema educativo, pero el problema real es este mismo gobierno y su falta de respeto por las instituciones locales”, ha afirmado.
6. Implicaciones a largo plazo
La aprobación del Proyecto de Ley 33 implica un marcado cambio estructural en el sistema educativo de Ontario. Si bien el gobierno dice que busca más eficiencia, control y responsabilidad, los críticos alertan sobre riesgos mayores:
- Descentralización vs. centralización: El poder local —representado por las juntas escolares y los consejeros electos— podría quedar drásticamente reducido, lo que algunos ven como un debilitamiento democrático.
- Profesionalización vs. politización: La figura de los supervisores designados por el Ministerio podría profesionalizar la gestión, pero también podría politizarla, si estos supervisores no tienen experiencia pedagógica ni vínculo comunitario.
- Seguridad en las escuelas: El regreso o refuerzo de los oficiales de recursos escolares abre un debate sobre la seguridad frente a la criminalización de jóvenes, especialmente si consideramos que algunas comunidades han criticado la presencia policial en escuelas por su impacto diferencial.
- Educación superior: Las nuevas reglas sobre admisión meritocrática y la transparencia financiera podrían cambiar cómo operan universidades y colleges, afectando la autonomía académica y la equidad en el acceso.
Con la sanción del Proyecto de Ley 33, Ontario da un paso decisivo hacia una mayor centralización del poder educativo. Para el gobierno, esto representa una reforma necesaria para corregir fallas institucionales y garantizar una mejor administración de los recursos. Para muchos educadores, padres y actores comunitarios, en cambio, es motivo de alarma: temen que la reforma socave la gobernanza democrática, erosione la transparencia local y privatice —en la práctica— la toma de decisiones escolares.
Las protestas en Queen’s Park reflejan un malestar profundo: no se trata solo de una reforma administrativa, sino de una redefinición del papel que juegan las juntas escolares electas en el sistema educativo. El desenlace de esta iniciativa podría marcar un antes y un después en cómo Ontario concibe la relación entre el Estado provincial y sus escuelas.
Fuente: www.ctvnews.ca
Foto: www.ctvnews.ca