THE LATIN VOX (3 de octubre del 2025).- Por Daniela Medina.
Un reciente informe del Auditor General de Ontario, Shelley Spence, en su informe anual, ha generado una fuerte controversia al descubrir que gran parte de los fondos del Skills Development Fund (SDF) fueron otorgados a organizaciones relacionadas con donantes del Partido Conservador Progresista (Progressive Conservative, PC). Esto ha avivado acusaciones de que el programa diseñado para capacitar trabajadores, mejorar competencias y reducir brechas de habilidades se ha convertido en un mecanismo de favorecimiento político (slush fund).
El informe critica que el ministerio encargado haya aprobado muchas solicitudes de rango medio o bajo, a pesar de que había solicitudes de mayor mérito que fueron descartadas. También señala que muchos beneficiarios habían contratado lobbyistas para influenciar la selección, lo cual pone en tela de juicio la transparencia y equidad del proceso.
¿Qué es el Skills Development Fund y cómo funciona?
- El Skills Development Fund (SDF) es un programa del gobierno de Ontario que financia proyectos de capacitación laboral para trabajadores y personas que buscan reentrenamiento o nuevas competencias. Está abierto a organizaciones sin fines de lucro, sindicatos, empresas privadas y proveedores de capacitación.
- Desde su creación, se han destinado miles de millones de dólares a diversas rondas de financiamiento, con el objetivo declarado de ayudar a enfrentar la escasez de mano de obra en sectores como salud, manufactura, construcción, tecnología, comercio y oficios especializados.
Hallazgos clave del informe: favoritismo y opacidad
El informe del Auditor destaca varios puntos preocupantes:
- Selección de solicitudes de mérito inferior
Más del 50 % de las veces, proyectos con calificaciones bajas o medias fueron financiados en lugar de aquellos que obtuvieron puntuaciones altas. - Ties con lobbyistas
Se encontró que más de la mitad de los solicitantes que resultaron beneficiados habían contratado lobbyistas para comunicarse con el ministerio o con el ministro responsable del programa antes de ser seleccionados.
En particular, 39 proyectos con alta calificación que fueron seleccionados por la oficina del ministro repartieron unos CAD 58 millones en fondos, y esos también tenían vínculos con lobbyistas. - Proyectos elegidos sin razones documentadas claras
El ministerio no proporcionó registros documentales explicando los criterios usados para seleccionar 388 solicitudes que colectivamente recibieron unos CAD 479 millones.
En algunos casos, se declaró que las selecciones respondían a puntajes altos, cuando en realidad los proyectos habían obtenido puntuaciones medias. - Vínculos con donantes del Partido PC
Aunque el informe del Auditor General señala estos vínculos como preocupantes, no hace acusaciones formales de ilegalidad. Sin embargo, medios como The Trillium han reportado que algunas empresas beneficiarias tienen conexiones con donantes del PC, incluso con familiares de figuras políticas.
Respuestas oficiales y defensas
- El gobierno de Ontario, liderado por el Partido PC y el Primer Ministro Doug Ford, defendió el programa como uno de los programas más exitosos que se han implementado, citado por cifras como más de 700,000 trabajadores capacitados y decenas de miles colocados en empleo poco tiempo después de terminar su formación.
- También se ha dicho que el fondo está abierto a todos los que cumplen los criterios, y que ya se están adoptando medidas para mejorar la transparencia, implementar seguimiento más riguroso y actualizar criterios de evaluación para futuras rondas.
Implicaciones políticas, sociales y económicas
Políticas y de gobernanza
- La percepción de que los fondos públicos son utilizados para favorecer aliados políticos puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y gubernamentales.
- La falta de claridad en los criterios de selección y en la documentación de decisiones abre la puerta a acusaciones de favoritismo, corrupción o clientelismo, incluso si legalmente no se ha demostrado delito.
Sociales y laborales
- Los trabajadores y organizaciones que presentan proyectos legítimos con buen mérito podrían quedar desplazados si los recursos se asignan a quienes tienen conexiones políticas o capacidad de pagar servicios de lobby.
- Hay riesgo de que las poblaciones más vulnerables (por ejemplo, comunidades rurales, minorías, organizaciones sin fines de lucro modestas) reciban menos beneficios si no tienen los mismos medios para influir o competir en lobbying.
Económicas
- Una asignación ineficiente de los fondos puede conducir a desperdicio de recursos públicos, menor retorno de inversión en términos de empleo, productividad o cierre de brechas laborales.
- Si los empresarios perciben que no hay reglas claras, podrían retraer inversiones o no participar en convocatorias por falta de transparencia.
Escenarios futuros posibles
Potencial debilitamiento del programa si pierde credibilidad
Si el programa es visto como injusto o parcial, organizaciones podrían dejar de participar, lo que reduciría su alcance y eficacia, afectando objetivos de capacitación laboral provinciales.
Reformas estructurales del programa
Si el gobierno adopta las recomendaciones del Auditor General, podrían implementarse nuevos estándares de evaluación más estrictos, transparencia obligatoria, rendición de cuentas y seguimiento público de los criterios utilizados.
Investigaciones o auditorías complementarias
Podría surgir presión para estudios independientes, seguimiento de los proyectos beneficiados, incluso auditorías sobre organizaciones específicas con conexiones políticas, para verificar que los fondos se usen correctamente.
Presión política creciente
Los partidos de oposición y la sociedad civil demandarán explicaciones, comparaciones de proyectos rechazados vs. aceptados, y posibles sanciones o reglamentos que limiten el uso de lobby en asignaciones de fondos públicos.
Impacto electoral
Esto podría convertirse en un tema central en próximas elecciones provinciales, si la opinión pública lo ve como abuso de poder o utilización del presupuesto estatal para favores políticos.
El informe del Auditor General de Ontario destapa serias dudas sobre cómo se han distribuido millones de dólares del Skills Development Fund. Más allá del beneficio técnico de capacitar trabajadores, hay cuestionamientos legítimos acerca de transparencia, igualdad de acceso y motivaciones políticas detrás de las asignaciones.
Si bien no se han detectado hasta ahora violaciones legales explícitas, los mecanismos actuales de asignación parecen permitir favoritismo y discrecionalidad sin suficiente documentación. Para que el programa conserve legitimidad y efectividad, será vital que el gobierno adopte reformas reales, garantice claridad en su funcionamiento y restaure la confianza pública.
Fuente: /www.ctvnews.ca
Foto. Google fotos