El 19 de febrero de 2025, se generó un intenso debate en Nueva Escocia debido a una propuesta legislativa que permitiría la destitución del Auditor General sin necesidad de justificación. Esta iniciativa ha sido criticada por organismos de vigilancia democrática, quienes advierten que podría comprometer la independencia y eficacia de la oficina encargada de supervisar las operaciones gubernamentales.
La organización Democracy Watch ha expresado su preocupación, señalando que otorgar al gobierno la facultad de remover al Auditor General sin causa podría ser utilizado como herramienta política para influir en las auditorías y limitar la transparencia gubernamental. La independencia de la Auditoría General es fundamental para garantizar una supervisión imparcial y efectiva de las actividades gubernamentales, y cualquier medida que amenace esta autonomía podría socavar la confianza pública en las instituciones.
Actualmente, la legislación vigente en Nueva Escocia establece que el Auditor General solo puede ser destituido por causa justificada y con la aprobación de una mayoría en la legislatura provincial. La propuesta de permitir la destitución sin causa representa un cambio significativo en este marco legal, generando inquietudes sobre posibles abusos de poder y la erosión de los mecanismos de control democrático.
Los defensores de la propuesta argumentan que esta medida proporcionaría mayor flexibilidad y responsabilidad en la gestión de la oficina del Auditor General. Sin embargo, los críticos insisten en que la protección de la independencia de esta entidad es esencial para mantener la integridad y transparencia en la administración pública.
La discusión sobre esta propuesta legislativa continúa, y diversos sectores de la sociedad civil y organismos de vigilancia democrática están atentos al desarrollo de los acontecimientos, enfatizando la importancia de preservar la autonomía de las instituciones encargadas de la supervisión gubernamental.