THE LATIN VOX (31 de enero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Un grupo de Primeras Naciones del norte de Ontario ha llevado su lucha por la justicia a los tribunales, buscando obtener miles de millones de dólares en compensación de parte del gobierno canadiense, que según ellos no ha cumplido con sus obligaciones bajo un tratado firmado hace 175 años.
La causa se centra en los pagos anuales prometidos por la Corona bajo un acuerdo firmado en 1850 entre las naciones Anishinaabe y la Corona británica en las costas de los lagos Huron y Superior.
El tratado, conocido como los Tratados Robinson, cubre un vasto territorio de 92,400 km² (35,700 millas cuadradas) y, además de garantizar ciertos derechos territoriales, incluía una rara «cláusula de aumento» que prometía incrementar los pagos anuales a medida que las tierras generaran más riqueza.
Sin embargo, en 1874, los pagos fueron limitados a 4 dólares por persona, una cifra que nunca se ajustó, a pesar de los enormes beneficios que las tierras otorgaron a empresas privadas y al gobierno de Ontario a lo largo de los años.
El caso, que ha captado la atención de la opinión pública canadiense e internacional, podría resultar en una compensación millonaria para las 12 naciones involucradas. Wilfred King, jefe de la Nación Gull Bay, expresó que el rechazo del gobierno a participar en “negociaciones significativas” ha perpetuado 175 años de promesas rotas, mentiras y abandono.
«La negativa de los gobiernos a cumplir con sus obligaciones del tratado ha condenado a nuestras comunidades a una pobreza intergeneracional, mientras ellos se enriquecían con los recursos naturales de nuestras tierras», declaró King.
En un fallo unánime de la Corte Suprema de Canadá en julio pasado, se criticó duramente a los gobiernos federal y provincial por su «conducta deshonrosa» respecto al tratado. El fallo destacó la contradicción entre las promesas de la Corona y la realidad de los pagos que recibían los beneficiarios del tratado, acusando a la Corona de socavar tanto el espíritu como la sustancia del acuerdo.
En el fallo, la corte calificó como «escandaloso» el hecho de que las naciones Anishinaabe recibieran solo 4 dólares anuales por persona, mientras las tierras y aguas bajo el tratado generaban grandes ganancias.
A pesar de que los firmantes del Tratado Robinson Huron, un acuerdo similar firmado en 1850, llegaron a un acuerdo extrajudicial por 10 mil millones de dólares canadienses, el grupo de la región Superior ha decidido continuar su lucha en los tribunales para determinar la cantidad que el gobierno federal y provincial realmente les adeuda.
En julio, la Corte Suprema de Canadá ordenó a los gobiernos de Ontario y el federal que concluyeran las negociaciones con las naciones Anishinaabe dentro de un plazo de seis meses. Sin embargo, cuando llegó la fecha límite el 26 de enero, las Primeras Naciones solo recibieron una oferta de 3.6 mil millones de dólares canadienses, una cifra que, según King, «ignoraba la evidencia económica de cuánto beneficio obtuvieron Canadá y Ontario de nuestras tierras».
El economista ganador del Premio Nobel, Joseph Stiglitz, quien ha testificado en el caso, ha estimado que la cantidad que se les debe a las naciones podría acercarse a los 126 mil millones de dólares canadienses. «Si le debes a alguien durante 170 años, es una cantidad considerable de dinero», comentó Stiglitz ante la corte en 2023.
Los líderes de las Primeras Naciones involucradas en el caso han declarado que llevarán el asunto ante la jueza Patricia Hennessy, del Tribunal Superior de Ontario, para que determine la cifra exacta que les corresponde.
Patricia Tangie, jefa de la Nación Michipicoten, destacó que la lucha no solo busca compensar las pérdidas del pasado, sino también asegurar un futuro más justo para las generaciones venideras.
«Nuestros ancestros, en 1850, buscaron beneficios para sus descendientes, y hoy nosotros también lo hacemos por nuestros hijos y nietos. Continuamos esta lucha para que nuestras futuras generaciones no tengan que sufrir como lo hemos hecho nosotros durante más de un siglo y medio», expresó Tangie.
El sufrimiento de estas comunidades sigue siendo evidente: pobreza persistente, mala salud y una esperanza de vida más corta que la media canadiense. El resultado de este caso no solo definirá la justicia económica para las Primeras Naciones, sino que también será un reflejo de cuán dispuesta está Canadá a cumplir con las promesas hechas a las comunidades originarias hace más de un siglo.
Este caso ha puesto en evidencia la brecha histórica entre las promesas hechas y las realidades vividas por las Primeras Naciones, lo que convierte esta lucha en un símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas de Canadá en su búsqueda de reconocimiento, reparación y justicia.
Crédito fotográfico: Bradford Today