THE LATIN VOX (15 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Nueve Primeras Naciones del norte de Ontario han presentado una impugnación constitucional contra el gobierno federal y el provincial, alegando que dos leyes recientemente aprobadas —una en Ottawa (Proyecto de Ley C-5) y otra en Queen’s Park (Proyecto de Ley 5)— violan sus derechos fundamentales al permitir el avance acelerado de megaproyectos sin consulta significativa con las comunidades indígenas.
En una demanda sin precedentes, las comunidades —incluyendo Attawapiskat, Fort Albany y Apitipi— solicitan a la Corte Superior de Justicia que anule ambas leyes y exigen $100 millones en daños. Las Primeras Naciones argumentan que las nuevas normas permiten al Estado canadiense «imponer unilateralmente proyectos sin una participación significativa, o incluso sin ninguna, de las comunidades indígenas».
«Una ley que permite lo que debería estar prohibido»
Los demandantes no ahorran en metáforas: «Es como una ley que autoriza a los pilotos comerciales a volar ebrios, sin conocer el plan de vuelo y sin comunicarse con la torre de control», señala la querella presentada ante el tribunal. A su juicio, las promesas gubernamentales de consulta son solo «juegos de espejos».
El Proyecto de Ley C-5, aprobado por el gobierno federal, permite que el gabinete apruebe rápidamente proyectos de infraestructura “de interés nacional”, como minas, puertos o gasoductos. Por su parte, el Proyecto de Ley 5 de Ontario habilita al gobierno provincial a suspender leyes municipales y provinciales dentro de «zonas económicas especiales», incluso en territorios indígenas.
«Construir sin conciencia»
Kate Kempton, abogada principal que representa a las comunidades, declaró que ambas leyes convierten a Canadá en “una nación dispuesta a ‘construir, construir, construir’ o ‘perforar, perforar, perforar’ sin importar las consecuencias, al estilo de la administración Trump”.
Según Kempton, el monto de la indemnización solicitada no es simbólico. “Es una especie de penalización por la falta de honor de la Corona. La violación es sustancial, y el daño a las comunidades también lo es.”
Consulta o colisión
La demanda exige que ambos gobiernos hagan declaraciones formales reconociendo que promulgaron estas leyes sin respetar los derechos constitucionales de las Primeras Naciones. El caso pone nuevamente sobre la mesa la eterna tensión entre desarrollo económico y derechos indígenas, un conflicto que se repite en muchas regiones del país.
Desde el despacho del premier de Ontario, Doug Ford, se respondió a CBC con una declaración que insiste en el compromiso de trabajar “en consenso con las Primeras Naciones” para desarrollar infraestructura y desbloquear oportunidades económicas. Según el gobierno, las consultas con comunidades indígenas ya están en curso y continuarán durante el verano.
¿Un punto de inflexión legal?
El caso, que ha captado la atención de defensores de derechos indígenas y ambientalistas en todo el país, podría convertirse en un precedente importante sobre el alcance real de la consulta y consentimiento previo en Canadá. Si el tribunal falla a favor de las Primeras Naciones, se abriría una nueva etapa en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado, obligando a gobiernos de todos los niveles a replantear sus políticas de desarrollo.
Por ahora, Ottawa y Queen’s Park tienen 30 días para responder formalmente ante la corte. Pero más allá del resultado judicial, el mensaje de estas comunidades es claro: no se puede avanzar sobre sus tierras sin escucharlas.
Crédito fotográfico: CityNews Vancouver