En respuesta a las recientes medidas arancelarias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las provincias canadienses están revisando y ajustando sus planes fiscales para mitigar los posibles impactos económicos. El 2 de febrero de 2025, Trump anunció la imposición de un arancel del 25% sobre una amplia gama de productos importados de Canadá, excluyendo el petróleo y el gas natural, que estarán sujetos a un arancel del 10%.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó esta medida como una «agresión comercial» y anunció represalias equivalentes: aranceles del 25% sobre productos estadounidenses por un valor de 30.000 millones de dólares, efectivos a partir del 2 de febrero, con una segunda fase que afectará a importaciones adicionales valoradas en 125.000 millones de dólares tres semanas después.
Las repercusiones de esta escalada comercial han llevado a diversas provincias canadienses a implementar medidas específicas. Ontario, la provincia más poblada e industrializada, ha ordenado a la Liquor Control Board of Ontario (LCBO) que retire de sus estanterías todas las bebidas alcohólicas de origen estadounidense, afectando ventas anuales estimadas en 1.000 millones de dólares canadienses.
Por su parte, Columbia Británica ha adoptado una postura más selectiva, eliminando de sus tiendas de bebidas alcohólicas los productos provenientes de estados estadounidenses gobernados por el Partido Republicano. Otras provincias, como Quebec, Nueva Escocia, Terranova y Labrador, han seguido medidas similares, reflejando una respuesta unificada frente a las políticas comerciales de la administración Trump.
Además de estas acciones, las provincias están reevaluando sus presupuestos y planes fiscales para enfrentar posibles reducciones en ingresos y aumentos en gastos derivados de la guerra comercial. El Banco de Canadá ha advertido que los aranceles podrían reducir el PIB nacional en un 2,4% durante el primer año de su implementación, lo que ha generado preocupación entre los líderes provinciales sobre el impacto en sus economías locales.
En este contexto, los gobiernos provinciales están considerando diversas estrategias, como la diversificación de mercados de exportación, incentivos para el consumo de productos locales y programas de apoyo a sectores industriales afectados. Estas medidas buscan mitigar los efectos adversos de la guerra comercial y proteger los empleos y la estabilidad económica en sus respectivas regiones.
La situación continúa evolucionando, y tanto el gobierno federal como los provinciales permanecen atentos a los desarrollos en las relaciones comerciales con Estados Unidos, preparados para adaptar sus políticas fiscales y económicas según sea necesario para salvaguardar los intereses de Canadá.