THE LATIN VOX (22 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Cerca de una veintena de empresas de Quebec han lanzado una ofensiva legal contra el gobierno federal canadiense, reclamando casi 300 millones de dólares en compensaciones a raíz de las modificaciones impuestas en 2024 al Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET) por el entonces ministro de Inmigración, Marc Miller.
La demanda, presentada ante la Corte Federal el 26 de mayo, alega que los cambios fueron implementados de forma abrupta y sin consulta previa al sector empresarial. Las empresas aseguran haber sufrido graves perjuicios económicos debido a la restricción de criterios para la contratación de trabajadores extranjeros y la escasa anticipación para adaptarse a las nuevas reglas.
El corazón del conflicto: Mano de obra y productividad
Según los demandantes, las modificaciones al programa afectaron directamente sus operaciones: reducciones de producción, cancelaciones de contratos, inversiones perdidas en formación e integración, y, sobre todo, la imposibilidad de encontrar mano de obra local que pudiera suplir la ausencia de los trabajadores extranjeros.
Entre las empresas más afectadas se encuentran Lepage Millwork, ubicada en Rivière-du-Loup, que reclama 19,7 millones de dólares, y Gestion Denis Morneau, de Saint-Arsène, que exige una compensación de 419.895 dólares. Lepage Millwork tenía 104 trabajadores extranjeros al momento de presentar la demanda y estima que las pérdidas se prolongarán hasta al menos 2026.
“Una decisión que daña la economía regional”
Para el abogado que representa a las empresas, Frédéric Bérard, las consecuencias van más allá de lo financiero. “Estos cambios están causando un impacto devastador en la economía de numerosas regiones. Las empresas no recurren al extranjero por capricho, lo hacen porque no tienen otra opción para cubrir sus necesidades de mano de obra”, afirmó.
Bérard también confirmó que se encuentra en negociaciones con el Procurador General de Canadá para buscar una solución amistosa, pero no descarta llevar el caso hasta sus últimas consecuencias legales si no se alcanza un acuerdo.
No solo empresas, también los trabajadores reclaman
En una dimensión más humana del conflicto, cinco trabajadores extranjeros temporales se han unido a la demanda colectiva, exigiendo 100.000 dólares en compensaciones. Argumentan que las nuevas restricciones han puesto en riesgo su única fuente de ingreso, generando una situación de inseguridad financiera que podría tener consecuencias graves en su salud física y mental.
Ottawa defiende su postura
Desde el gobierno federal, la oficina de la ministra Patty Hajdu defendió las modificaciones, reiterando que el programa no está destinado a ser una solución permanente, sino una herramienta “extraordinaria” para cubrir vacantes en ausencia de trabajadores canadienses o residentes permanentes disponibles.
“Estamos comprometidos a reducir la dependencia del PTET. La economía debe fortalecerse desde adentro, con oportunidades para la población local”, indicó su portavoz.
¿Una nueva frontera en la política laboral de Canadá?
El caso, aún en sus primeras etapas legales, promete avivar el debate sobre el equilibrio entre política migratoria, necesidad empresarial y derechos laborales.
A medida que Canadá enfrenta una crisis de mano de obra calificada en sectores clave como la manufactura, agricultura y construcción, la disputa entre Ottawa y estas empresas podría sentar un precedente sobre cómo y con qué rapidez el gobierno puede intervenir en programas esenciales para la economía regional.
Mientras tanto, cientos de trabajadores y empleadores aguardan una resolución que, más allá del plano legal, ponga en el centro la necesidad urgente de soluciones sostenibles y justas en el mercado laboral canadiense.
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