El ministro de Quebec responsable de las relaciones con las Primeras Naciones y los Inuit, Ian Lafrenière, dice que quiere “tomarse un tiempo para pensar en lo que viene después” antes de avanzar con su proyecto de ley sobre la seguridad cultural en las redes de salud y servicios sociales. Así lo afirma después de haber escuchado duras críticas por parte de varios grupos indígenas.
Hace más de un mes que el proyecto de ley pasó por la etapa de consulta en la provincia, y todavía no ha vuelto a la agenda de la Asamblea Nacional. En respuesta a The Canadian Press, la oficina de Lafrenière no especificó cuándo se reanudará el trabajo del comité sobre el proyecto de ley 32. Por ahora, el ministro dice que sigue analizando la información recibida durante los dos días de consultas, donde se escuchó a 14 personas y organizaciones. Además, siete organizaciones presentaron sus memorandos sin ser invitadas a testificar.
Lafrenière insiste en que ha “escuchado atentamente las preocupaciones” de los diversos grupos. La mayoría de las críticas se centraron en la negativa del gobierno a reconocer el racismo sistémico que sufren los pueblos indígenas. Los grupos también animaron al gobierno a adoptar el Principio de Joyce, creado por la comunidad atikamekw tras la trágica muerte de Joyce Echaquan en el Hospital de Joliette en septiembre de 2020. Varias personas han denunciado el proyecto de ley como un enfoque “paternalista”, incluso “colonialista”, carente de colaboración con los pueblos indígenas. Muchos han pedido que se retire, se posponga o se reescriba el proyecto de ley.
Sin embargo, Lafrenière mantiene que hay que “trabajar mejor juntos” y dice que quiere tomarse el tiempo necesario antes de actuar. El proyecto de ley 32 consta de cuatro páginas y cinco artículos. Con muy pocas restricciones, pide a los establecimientos sanitarios que adapten sus servicios “cuando sea posible” mediante, por ejemplo, la contratación de personal indígena, la oferta de recursos de apoyo, la formación del personal y “la toma en cuenta de las realidades específicas de las mujeres y niñas indígenas”. Sin embargo, algunas voces indígenas ven esto como un intento de colocar la carga sobre los hombros de los individuos sin hacer ningún cambio sistémico fundamental.
NECESIDAD URGENTE DE ACTUAR
A pesar de los llamamientos a retroceder y su propio deseo de tomarse su tiempo, Lafrenière reitera que hay una “necesidad urgente de actuar”. Señala que legislar sobre la seguridad cultural es una de las recomendaciones del informe de la Comisión Viens.