En un giro inesperado de los acontecimientos, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha declarado que ya posee los documentos que se encuentran en el centro de un acalorado debate que ha detenido el funcionamiento del gobierno en la Cámara de los Comunes. Este anuncio fue realizado por el Comisionado de la RCMP, Michael Duheme, quien confirmó que los documentos en cuestión están bajo investigación activa.
El conflicto comenzó cuando el Presidente de la Cámara, Greg Fergus, dictaminó la semana pasada que el gobierno no había cumplido completamente con una orden de la Cámara para proporcionar documentos relacionados con una fundación ahora desaparecida, responsable de distribuir cientos de millones de dólares federales para proyectos de tecnología verde. Esta orden de la Cámara estipulaba que los documentos debían ser transferidos a la RCMP para investigar posibles actividades delictivas.
Desde entonces, los negocios gubernamentales han estado en pausa, con los conservadores exigiendo la entrega de los documentos. La líder de la Cámara de los Comunes, Karina Gould, calificó la solicitud de los documentos como un abuso del poder del Parlamento y afirmó que pisotea los derechos de los canadienses según la Carta. Por otro lado, el líder de la Cámara de los Comunes conservador, Andrew Scheer, disputó esta afirmación, acusando a los liberales de obstruir la transparencia.
El Comisionado Duheme, al ser preguntado sobre el debate en la Cámara, se limitó a decir: “Recibimos los documentos y hay una investigación en curso, así que limitaré mis comentarios a eso”. No especificó si la RCMP recibió los documentos debido a la orden original de la Cámara.
Este desarrollo se produce después de que el gobierno federal aboliera un fondo verde de mil millones de dólares en respuesta a un informe del auditor general que señalaba “fallos significativos” en la gestión de los fondos federales. La Auditoría General, Karen Hogan, destacó que Sustainable Development Technology Canada (SDTC) violó sus políticas de conflicto de intereses en 90 ocasiones, otorgó 59 millones de dólares a 10 proyectos que no eran elegibles y frecuentemente exageró los beneficios ambientales de sus proyectos.
La situación ha generado un estancamiento en la Cámara de los Comunes, con los conservadores insistiendo en la necesidad de transparencia y los liberales defendiendo la protección de los derechos de los ciudadanos. Mientras tanto, la RCMP continúa su investigación, dejando a muchos canadienses a la espera de respuestas sobre el manejo de los fondos públicos y la integridad del proceso gubernamental.