El 24 de enero de 2024, se reabrió el debate emocional sobre las protestas del Convoy de la Libertad después de una decisión judicial. Las protestas, que comenzaron como una manifestación contra las restricciones sanitarias por COVID-19, atrajeron a personas con una variedad de quejas contra el Primer Ministro Justin Trudeau y el gobierno liberal.
La decisión del juez Richard Mosley de la Corte Federal indicó que la invocación del gobierno del Acta de Emergencias en febrero de 2022 fue irrazonable y condujo a la violación del derecho constitucional a la libre expresión. La Asociación Canadiense de Libertades Civiles, solicitante en el caso, afirmó que la decisión sirve como un recordatorio de que incluso en tiempos de crisis, ningún gobierno está por encima de la ley y que se deben respetar los derechos y libertades básicos.
Vivian Leir, administradora de una iglesia presbiteriana cerca del Parlamento, expresó su descontento con la decisión judicial, sintiendo que el tribunal desestimó las infracciones a sus derechos. Durante las tres semanas de protesta en el centro de Ottawa, muchas empresas tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas debido al ruido de las bocinas de los camiones, los humos del diésel y los campamentos improvisados. Algunos residentes del centro de la ciudad fueron acosados y los manifestantes descontentos también bloquearon cruces fronterizos clave hacia los Estados Unidos.
Leir sostuvo que la decisión judicial no ha cambiado su creencia de que el gobierno estaba justificado al invocar los poderes de emergencia. “En ese momento, cuando el gobierno federal implementó el Acta de Emergencias, fue un gran alivio para mí y creo que para muchos de los ciudadanos de Ottawa”, dijo en una entrevista.