THE LATIN VOX (15 de octubre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Cinco años después de haber suspendido su tratado de extradición con Hong Kong, el Reino Unido ha aprobado una enmienda que podría reabrir una puerta que muchos pensaban cerrada: la posibilidad de que disidentes hongkoneses refugiados en suelo británico vuelvan a ser perseguidos por las autoridades de Pekín.
La medida, aprobada esta semana por el Parlamento británico, modifica la ley de extradición para reclasificar a Hong Kong como un “estado sin tratado”, lo que permitiría tramitar solicitudes caso por caso. El Ministerio del Interior asegura que la intención es puramente técnica: corregir un vacío legal que desde 2020 hacía imposible procesar extradiciones “incluso cuando existían fundamentos operativos sólidos”.
Sin embargo, para los miles de exiliados hongkoneses que han buscado refugio en el Reino Unido —más de 220.000 con estatus de Nacional Británico de Ultramar—, la reforma despierta un miedo muy distinto: que el nuevo marco legal sea usado por las autoridades chinas y hongkonesas como un instrumento de represión transnacional.
“Aunque el gobierno actual no tenga intención de entregarnos, necesitamos compromisos jurídicamente vinculantes de que esto no ocurrirá nunca, bajo ningún gobierno futuro”, advirtió Chloe Cheung, del Committee for Freedom in Hong Kong Foundation.
La preocupación no es infundada. Hong Kong ha emitido órdenes de arresto y recompensas contra 38 activistas en el extranjero, acusados de “subversión” y “colusión con fuerzas extranjeras” bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020. Entre ellos figura Carmen Law, exdiputada del Consejo Legislativo, quien ahora vive en Londres.
“Cuando eres objeto de una orden internacional de arresto y de una recompensa —un acto hostil en suelo británico— las declaraciones de compromiso no bastan”, afirmó Law.
Temor a un uso político de la ley
El gobierno británico insiste en que ninguna extradición se concederá por motivos políticos. “Reino Unido nunca permitirá que se utilice el proceso de extradición para fines políticos”, dijo el ministro de Seguridad, Dan Jarvis, subrayando que todas las solicitudes son revisadas por tribunales independientes y pueden ser apeladas.
No obstante, figuras de la oposición y de la sociedad civil recuerdan que Pekín tiene un largo historial de disfrazar cargos políticos bajo pretextos criminales. El caso del empresario y activista Jimmy Lai, fundador del diario Apple Daily, es citado como ejemplo paradigmático: condenado por “fraude contractual” mientras enfrenta cargos más graves bajo la ley de seguridad nacional.
“La idea de que podamos enviar a alguien de vuelta a China después del espectáculo judicial de Jimmy Lai es una completa absurdidad”, declaró el diputado conservador Iain Duncan Smith.
Sombra del comercio con China
La enmienda también ha despertado suspicacias por su momento político. Coincide con los esfuerzos del gobierno británico para reactivar las relaciones comerciales con China y avanzar en un posible acuerdo de libre comercio. Algunos observadores temen que la flexibilización del enfoque hacia Pekín esté detrás del cambio legislativo.
“No hay duda de que el Reino Unido necesita acuerdos comerciales para fortalecer su economía. Pero no puede hacerlo a costa de los derechos del pueblo de Hong Kong”, advirtió desde la propia ciudad la veterana política prodemocrática Emily Lau.
El Ministerio del Interior, por su parte, niega cualquier vínculo entre las extradiciones y la política económica. “El sistema británico opera con salvaguardias legales estrictas y de forma completamente independiente de cualquier negociación comercial”, señaló un portavoz oficial.
“Un retroceso moral”
Para muchos exiliados, la sensación es de traición. En 2020, el entonces primer ministro Boris Johnson y el líder opositor Keir Starmer celebraron la suspensión del tratado de extradición como un “paso en la dirección correcta” frente a la represión de Pekín. Hoy, algunos ven en la nueva enmienda un retroceso moral que pone en entredicho la imagen del Reino Unido como refugio seguro para los defensores de la democracia.
El académico disidente Feng Chongyi, residente en Australia y buscado por Hong Kong, lo resumió con dureza antes de la votación:
“Modificar la ley de esta manera demuestra que el gobierno británico está dispuesto a cooperar con Pekín. Es una señal de debilidad y una advertencia para todos los que pensaban que Londres era un santuario”.
Mientras tanto, en los cafés de Londres, Manchester y Birmingham, donde una nueva diáspora hongkonesa intenta rehacer su vida, el temor vuelve a sentirse. No es el miedo a ser arrestados mañana, sino a que la puerta del exilio —esa frágil frontera entre la libertad y la persecución— vuelva a cerrarse sin previo aviso.
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